Senadores Nacionales presionan para que el Indec actualice la canasta de gastos con la que se mide la inflación
Mientras el Gobierno dilata la implementación de la nueva canasta de gastos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), senadores del Congreso apuntan a debatir proyectos que buscan darle un marco normativo a la obligatoriedad de revisión y adecuación de los indicadores que conforman la estructura de ponderaciones, al menos cada 10 años.
Aunque el nuevo índice que mide la evolución de la inflación está listo desde fines de 2024, desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) aún no informaron cuál será la fecha en la que comenzará a implementarse.
La demorada actualización se debe, según dichos del titular del organismo, Marco Lavagna, a que los contextos preelectorales “no son los más indicados para hacer estos cambios” ya que se trata de modificaciones que “son muy sensibles”. “Hay como un morbo y está en la imaginación (social) de que vamos a sacar un nuevo IPC y que de 1,9 vamos a saltar a 5% (de inflación). Eso no va a pasar”, aclaró.
Presión desde el Congreso
Los legisladores Jesús Rejal, Guillermo Andrada, María Carolina Moisés y Fernando Salino, representantes peronistas del bloque Convicción Federal, presentaron un proyecto de resolución para expresar “preocupación” por los dichos del titular del Indec, y apuntaron también que la “buena intención” de Lavagna sobre el momento de implementación “queda en principio sospechada por una serie de especulaciones políticas que no se condicen con los objetivos del organismo”.
En ese sentido, cuestionaron que el organismo estadístico terminó en marzo las últimas tareas de carácter “técnico” y que desde entonces “se viene midiendo con la nueva canasta” a modo de prueba, con resultados “que no difieren sustancialmente con respecto a los que el Instituto publica oficialmente”.
“Es realmente incomprensible esa práctica: sería bueno que el funcionario aclare en qué consiste ese «testeo». ¿O será que como los números no guardan relación con las falacias a las que nos tiene acostumbrados el Presidente, no es políticamente conveniente la publicación con los índices resultantes, quedando bajo su dominio los reales hasta que se reciban indicaciones en contrario?”, se preguntaron en el proyecto de resolución.
Frente a ello, los senadores solicitaron a sus compañeros en el recinto la aprobación del proyecto con el que se busca declarar la “preocupación por los dichos del titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos”, que “bajo argumentaciones técnicas distraen deliberadamente cuestiones que afectan el acceso a la información real de indicadores económicos actualizados” y dilata “las acciones necesarias para su conocimiento en tiempo oportuno”.
De acuerdo a los legisladores nacionales, la demora se lleva a cabo en el marco de “una serie de especulaciones de naturaleza política que intentan encubrir el conocimiento de la real situación de la economía nacional”.
Proponen que la actualización del indicadores del IPC sea cada 10 años
En paralelo, el senador Guillermo Andrada presentó otro proyecto que busca eliminar la discreción sobre la actualización de los indicadores y establecer una renovación cada una década. “Esta medida responde a la necesidad de adecuar la medición de la inflación y el costo de vida a los cambios cada vez más acelerados en los hábitos de consumo de la población argentina”, argumentó en el texto.
Para Andrada, esto “ha generado distorsiones en la medición de la inflación y ha afectado la credibilidad de las estadísticas oficiales, evidenciando discrepancia entre el índice de inflación y la realidad de los argentinos”.
Por ese motivo, en el artículo primero propone que “se deberá actualizar la estructura de ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cada diez (10) años, a fin de reflejar de manera precisa y oportuna los cambios en los patrones de consumo de los hogares argentinos”.
En su artículo segundo, la iniciativa insta al Indec a “realizar y publicar la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) con una periodicidad no mayor a diez (10) años, asegurando la representatividad nacional y regional de los datos relevados”. Mientras que el tercer punto del proyecto plantea que la actualización de la canasta de bienes y servicios y de las ponderaciones del IPC “deberá basarse en los resultados de la ENGHo más reciente”.