Orozco, Zapata y Moreno, son los diputados que ayudaron a sostener el veto en contra de los jubilados
Con respaldo de 86 diputados y 6 abstenciones, Milei logró consolidar el veto a la ley que aumentaba el ingreso de jubilados en un 7,2% y que disponía que el bono que perciben pasara de 70 a 110 mil pesos. Tres salteños les dijeron no a los jubilados.
La votación de los salteños mostró un mapa dividido: cuatro legisladores acompañaron la postura opositora, mientras que tres defendieron el veto del Presidente. La votación fue afirmativo para rechazar el veto y negativo para apoyar la decisión de Milei.
Por un lado, Emiliano Estrada (Unión por la Patria), Pablo Outes, Pamela Calletti y Yolanda Vega (Innovación Federal) rechazaron los vetos y defendieron las propuestas de las provincias. Del otro, Carlos Zapata, Julio Moreno y Emilia Orozco (La Libertad Avanza) acompañaron al oficialismo nacional.
La novedad la dieron los diputados del bloque de Innovación Federal, que responden al gobernador Gustavo Sáenz, que antes acompañaron algunas medidas del gobierno nacional, pero en las últimas sesiones vienen distanciándose. En cambio, Estrada y los libertarios vienen manteniendo una línea, uno en la oposición y los otros en el respaldo a la motosierra.
En cuanto los libertarios Carlos Zapata, Julio Moreno y Emilia Orozco. Como los otros 86 legisladores que le dieron la espalda a la norma que oxigenaba un poco la sofocante realidad de los jubilados y pensionados argentinos, votaron en modo libertario: incapaces de explicar cuáles son las virtudes de su “proyecto” se concentraron en magnificar lo que presentan como defectos de los otros.
El proyecto de ley establece como sus principales acciones la regularización de pagos y actualización de aranceles, ya que se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara al sistema de interés público nacional.
Además, prevé una reforma del sistema de pensiones no contributivas, puesto que se busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
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