Imputan y dictan prisión para 11 personas por millonario contrabando de mercaderías desde terrenos a la vera del río Bermejo

La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal de Garantías de Tartagal, luego de que el fiscal describiera que la propiedad, situada en Aguas Blancas, se había convertido en una playa de transferencia de mercadería de contrabando a través de gomones.

La formalización del caso fue realizada ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, quien intervino en carácter de interina del Juzgado Federal de Garantías de Orán.

Las personas imputadas son José Suárez, los hermanos Francisca, Carmen y Jorge Cardozo, Gladis Salazar, Pedro Rivero, María Basco, Virginia Orellana, Cintia Gutiérrez, María Segundo y María Laura Tintilay. La imputación de esta última fue agravada por su calidad de funcionaria pública, pues se desempeña como policía provincial.

La jueza autorizó medidas probatorias, como los peritajes a teléfonos celulares secuestrados, dictó la prisión preventiva de todos los imputados y dispuso la clausura -con consigna permanente por parte de la Gendarmería Nacional- de la finca de Aguas Blancas desde donde se concretaban las maniobras de contrabando.

Al presentar el caso, el fiscal sostuvo que las tareas investigativas se iniciaron el 26 de mayo pasado de oficio a partir de una información que daba cuenta del comercio ilegal en la finca “Karina”, ubicada a dos kilómetros del ejido urbano de Aguas Blancas, a la vera de la ruta nacional 50.

El representante del MPF señaló que a la propiedad -compuesta de dos matrículas catastrales- se puede acceder desde la ruta y que, tras recorrer un camino rural de corta distancia, se llega hasta la margen argentina del río Bermejo, cuya playa estaba acondicionada para el arribo de gomones que cruzaban desde Bolivia con mercadería de todo tipo, incluso automóviles. En efecto, señaló, los medios de comunicación retrataron el paso de una camioneta.

La importante actividad de comercial de contrabando, tanto de importación como de exportación, fue determinada a partir de las pesquisas de la Fiscalía de Distrito, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, que fueron acumuladas al caso.

Romero explicó que, ante este panorama, la fiscalía inició tareas de campo con personal de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Orán, dependiente de la Gendarmería Nacional. Pudo establecer que la propiedad estaba compuesta por dos catastros, uno de los cuales se denomina “Karina”, con la imputada Gladis Salazar como adquirente desde febrero pasado.

Añadió que el segundo, ubicado hacia la playa del río, está a nombre de Blanca Cortez, fallecida y en proceso de sucesión, con un litigio por prescripción adquisitiva iniciada por José Cardozo, padre de los tres hermanos imputados.

En el procedimiento intervinieron 170 efectivos de las fuerzas federales y personal de ARCA y de la Dirección General de Aduanas. Foto: GNA.

Los allanamientos y la resolución del caso

Romero indicó que se dispuso una comisión mixta de alrededor de 170 efectivos de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, de las policías Federal y de la provincia de Salta y de personal de la DGA y de ARCA. Señaló que, al llegar a uno de los puntos de cobro, se dieron con la imputada Tintilay, quien reconoció ser policía de la Subcomisaría 9 de Julio, con asiento en Orán.

Tras la descripción de los hechos y la mención de las pruebas, Romero requirió los peritajes de los teléfonos celulares y pidió que se dispusiera la prisión preventiva de las personas imputadas, pues argumentó que existen latentes riesgos de fuga y entorpecimiento procesal de su parte.

El fiscal resaltó la gravedad del hecho, el daño en perjuicio del Estado y de la comunidad, y la imposibilidad de que las personas imputadas puedan acceder, por el delito que se les imputa, a un régimen de prisión condicional. Respecto a algunos de ellos, como los casos de Rivero y Salazar, indicó que demostraron una conducta contraria al accionar de la justicia, pues se deshicieron de sus teléfonos celulares, que estaban intervenidos.

Por último, el fiscal solicitó la clausura de la finca y la instalación de una consigna fija por parte de la Gendarmería Nacional, pues la actividad ilegal de contrabando no cesa en esa localidad, por lo que calificó de necesaria la medida no sólo para evitar aquel delito, sino para prevenir otros hechos, como asaltos.

Las defensas, por su parte, no objetaron la formalización de las imputaciones, aunque sí cuestionaron la prisión preventiva.

Al momento de resolver, la jueza se pronunció en línea con los planteos de la fiscalía, pues hizo lugar a la formalización del caso y rechazó las oposiciones de las defensas a la prisión preventiva y al cierre de la finca.

Personal de la Dirección General de Aduanas incauta mercaderías recién ingresadas. Foto: GNA.