Plan Güemes: el lado B del combate al narco

Antes de abordar la situación de los agentes, repasemos los detalles de la resolución 830/2025 publicada el 16 de julio en el Boletín Oficial, que incluye un anexo con la descripción de los puntos más conflictivos en los departamentos San Martín y Orán. Este último registró en 2024 una baja en la tasa de homicidios dolosos respecto a años anteriores, pero aún supera largamente el promedio nacional: 10 asesinatos cada 100 mil habitantes, cuando el promedio en Argentina es de 3,8.

El informe es interesante y no estaría mal como material de estudio en escuelas argentinas, especialmente en las salteñas. Si bien no aborda alternativas para el desarrollo de la frontera, tiene en cuenta esta necesidad ya que describe la decadencia que sobrevino al cierre del ramal ferroviario y la privatización de YPF en la década de 1990, lo que favoreció el contrabando y el narconegocio.

Sobre Salvador Mazza, el documento señala: “la falta de oportunidades laborales y el debilitamiento del comercio local han llevado a que algunos residentes se involucren en el narcotráfico para, de esta forma, armar clanes que operen en la zona. Este fenómeno ha generado un crecimiento acelerado de ciertas actividades económicas, lo que ha levantado sospechas sobre el posible uso de dinero proveniente de actividades ilícitas”.

El Plan Güemes es comandado por Gendarmería, la fuerza con más efectivos desplegados en la región. En total participan 310 integrantes de fuerzas policiales y de seguridad federales, 180 son gendarmes. A ellos se suman los cuerpos policiales provinciales y las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal. La idea es trabajar en conjunto para controlar 365 km de frontera salteña y así evitar el desplazamiento de actividades ilícitas entre municipios limítrofes con Bolivia.

En su artículo 7, la resolución señala: “la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna”, un detalle de austeridad que puede caer bien a muchos votantes libertarios pero que definitivamente cae pésimo entre integrantes de las fuerzas.

Entre los problemas está la mala cobertura social ante situaciones de salud. La situación se ha deteriorado en los últimos meses, pero ya era mala antes del gobierno de Javier Milei. Actualmente los gendarmes, prefectos y policías federales no tienen cobertura médica porque IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y la Superintendencia de Bienestar acumulan deudas con las asociaciones de profesionales y con las clínicas, dejando en el desamparo a los afiliados cuando tienen que enfrentar situaciones de salud.

Un agente de la PFA con 25 años de antigüedad cobra un sueldo de 1.200.000 pesos y muchos prestan servicio en los puntos más calientes de la Argentina: Orán y Rosario de Santa Fe. En el norte de Salta permanecen una semana con extensas jornadas de trabajo. Duermen en camas cuchetas en el Sindicato de Comercio, apiñados de a 30 o 40 hombres. Las mujeres son pocas y duermen en el hotel Darcun.

Trabajan sobre la ruta nacional 50 donde hacen controles vehiculares y de personas: “prevenimos el narcotráfico y la trata, en el tramo que va desde Aguas Blancas hasta Pichanal. Tenemos controles sorpresivos en diferentes horarios. Los narcos pueden aparecer por cualquier parte de la ruta”, describió uno de los agentes.

Cobran el 25% de los viáticos 

La reglamentación de la PFA establece que los viáticos se deben abonar al 100% y antes que los agentes salgan en comisión, pero el Ministerio de Seguridad de la Nación les retiene el 75%. Les paga 100 mil pesos y varios días después que volvieron, dejando de lado el objetivo del dinero: que los policías cubran sus gastos diarios mientras están en el destino asignado.

Otra cuestión que provoca críticas dentro de la fuerza es que no duermen en un hotel, sino que pernoctan en un salón todos juntos. Es el hospedaje se acordó con el Estado salteño y con los municipios. “Nos dicen que van a brindarnos ciertos beneficios y no es cierto”, se escucha decir en los círculos de colegas.

En Rosario los policías federales sufren la misma situación, si bien paran en hoteles, están amontonados de a seis en un cuarto y no les dan el desayuno. Tienen almuerzo y cena en un comedor tercerizado dentro de un club, que no cumpliría con las normas de higiene y seguridad porque recientemente se intoxicaron 20 hombres y por la gravedad de su estado los tuvieron que trasladar de urgencia al hospital Churruca de Buenos Aires.

Algunos elegidos, al resguardo

Otro dato que surge de la fuerza es que en Salta hay un grupo selecto que no viaja a Orán y se salva de lidiar con el crimen organizado. En total son algo más de 200 efectivos y se sospecha que los que no viajan tienen un acuerdo económico con la autoridad vinculado a los “extras” en diversos puntos de la ciudad. No sería el único negociado que se desarrolla en forma deshonesta y en El Expreso lo iremos contando en próximas notas.