Requieren juicio para el dueño de MSG Turismo por 39 estafas y un intento de fraude
La fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 1 la elevación a juicio de la causa contra Matías Exequiel Sosa Geracaris, por considerarlo autor de los delitos de estafas reiteradas (39 hechos) en concurso real y estafa en grado de tentativa.
El imputado, titular de la agencia de viajes MSG Turismo, fue detenido el pasado 20 de marzo por pedido de la fiscal Salinas Odorisio, en el marco de una investigación por estafas vinculadas a la comercialización de paquetes turísticos.
La intervención de la UDEC comenzó en febrero de 2025, a partir de numerosas denuncias ingresadas al Ministerio Público Fiscal por la venta de paquetes turísticos que nunca se concretaron, en su mayoría con destino al exterior. Según relataron los damnificados, a pesar de haber abonado la totalidad de los pasajes y la estadía, no pudieron concretar los viajes, ya que ni las aerolíneas ni los hoteles habían recibido los pagos correspondientes.
Tras investigar las denuncias, la Fiscalía estableció que el titular de la firma Liberakis SAS -que opera bajo el nombre comercial MSG Turismo- contaba con una oficina céntrica en Salta, lo que le otorgaba una imagen de formalidad y solvencia. Aprovechaba ese marco para ofrecer paquetes turísticos con atractivas condiciones de pago.
En los allanamientos y con la documentación aportada por los damnificados, la Unidad de Investigación de UDEC logró reunir facturas emitidas desde el sistema de facturación digital ARCA, recibos, reservas de pasajes con membrete de “Producción de MSG Turismo” y capturas de pantalla de supuestas reservas de vuelos y alojamientos. Para la Fiscalía, estas pruebas son clave para demostrar el fraude, ya que muchas de las reservas resultaron ser falsas o, en algunos casos, parciales. Incluso entre quienes sí viajaron, los servicios fueron notablemente inferiores a los contratados, con menos noches de hotel, cambios de categoría y servicios no incluidos.
En su requisitoria, la fiscal Salinas Odorisio sostiene que las sumas recibidas no se utilizaron para pagar a los proveedores turísticos, por lo que los paquetes nunca fueron efectivamente reservados.
Según el informe contable de UDEC, el perjuicio económico total asciende a $44.237.341,30, USD 95.646,20 y R$776 (setecientos setenta y seis reales), correspondientes tanto a quienes nunca viajaron como a quienes debieron afrontar gastos adicionales para completar sus viajes por servicios no cubiertos.
En cuanto a la acusación de estafa en grado de tentativa, el acusado ofreció -el 9 de marzo- como caución real un vehículo BMW con el objetivo de obtener una resolución judicial favorable que evitara una medida restrictiva de su libertad. Sin embargo, los investigadores descubrieron que el rodado había sido transferido el 5 de marzo —cuatro días antes del ofrecimiento— y que su titular registral era, en realidad, un tercero.
El jueves 5 de junio, el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino rechazó el pedido efectuado por los abogados del imputado para obtener la libertad y resolvió que este continúe en prisión preventiva.