Milei endurece la política migratoria: más restricciones, expulsiones exprés y aranceles en servicios públicos
El Gobierno de Javier Milei anunció un endurecimiento del régimen migratorio mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Entre las medidas se incluyen la expulsión inmediata de inmigrantes ilegales o con condenas penales, la imposición de aranceles en salud y educación pública para extranjeros no residentes, y requisitos más severos para obtener la ciudadanía argentina .
El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó estas medidas señalando que «en los últimos 20 años ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente a La Matanza o Tucumán» .
Aranceles en salud y educación pública para extranjeros
Una de las medidas más polémicas es la implementación de aranceles en hospitales y universidades públicas para extranjeros no residentes. Adorni anunció que «los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud».
Asimismo, la Oficina del Presidente, en un comunicado oficial, detalló que durante el 2024 «la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114 mil millones de pesos». Por tal motivo, «se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, y además se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina».
Esta decisión genera críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, que la consideran discriminatoria y contraria a los principios de universalidad y gratuidad que históricamente han caracterizado al sistema de salud y educación en Argentina.
Comparaciones con políticas migratorias internacionales
Las medidas adoptadas por el Gobierno de Milei son comparadas con las políticas migratorias implementadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien también promovió restricciones severas a la inmigración y la deportación de extranjeros con antecedentes penales.
Estas similitudes generan preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes y sectores progresistas de la sociedad argentina, que advierten sobre el riesgo de adoptar políticas xenófobas y discriminatorias, y con países de la región con los que se tienen acuerdos de reciprocidad.