Choferes de 'uber moto' urgieron la ordenanza de habilitación en el Concejo y el cese de la "persecución policial"

Luego de algunos operativos y secuestros de motocicletas a conductores que venían prestado servicio desde la aplicación Uber, cerca del mediodía de hoy, una ruidosa manifestación irrumpió en el edificio del Concejo Deliberante para urgir el tratamiento y aprobación de la ordenanza que habilita y legaliza el servicio de transporte comandado de aplicaciones virtuales, como Uber, Didi, y otras.

Los manifestantes se identificaron rápidamente con el servicio de "uber moto", para denunciar los operativos de la policía vial y también de AMT, que muchas veces terminan con el secuestro del vehículo y aplicación de multa e inhabilitación de los conductores. La consigna de la protesta era: “¡basta al abuso de autoridad, secuestros y persecución!"

En el Concejo fueron recibidos por el concejal Martín del Frari, quien explicó que efectivamente la ordenanza sobre este nuevo servicio de transporte está en análisis, pero aclaró que aún debe por otras comisiones tal como fija el reglamento del cuerpo, por "lo que estaría aprobada, si todos los bloques llegan a un acuerdo dentro de dos semanas, más o menos", explicó el concejal.

Del Frari advirtió que hay "sectores políticos que están buscan de sacar algún beneficio de este caso y mencionó 'al romerismo'", aun cuando ese sector no tiene representante en el Concejo Deliberante. Además, les aseguró a los manifestantes que "el servicio de transporte de personas en motos estará incluido en la ordenanza que está en estudio" y se comprometió a presentar un proyecto al respecto. "¡Así que les doy una buena noticia con esto! Quédense tranquilo cuando se apruebe la ordenanza estará también aprobado el uber moto", afirmó buscando la aprobación de los manifestantes, sin embargo, comenzaron a gritar por el cese de los procedimientos y que la ordenanza sea aprobada cuanto antes.

-¿Cuándo podemos trabajar sin que nos molesten, nos persigan?, preguntó un trabajador que hacía de vocero de los manifestantes. A lo que Del Fari respondió: "Lamentablemente, hoy, ustedes están en la ilegalidad, les pido un poco de paciencia, falta poco, dos semanas para que la ordenanza entre al recinto" , dijo y reiteró que "el Concejo Deliberante no tienen incidencia ni en la Policía Vial ni en AMT como para frenar los operativos en las calles de la ciudad". "El Concejo tiene pasos burocráticos que cumplir para aprobar una ordenanza", insistió ante la decepción generalizada de los manifestantes que había llegado con la expectativa de una respuesta positiva.

"Lo que pasa es que nosotros queremos salir a trabajar, porque necesitamos, tenemos familia, pero sin poner en riesgo nuestros vehículos ni que nos multen porque más que un beneficio, será un perjuicio. Yo creo que si el intendente quiere, habla con la AMT y la Vial, y por dos semanas se nos permite trabajar, total todos vamos a cumplir con la legalización una vez que esté aprobada la ordenanza", opinó. 

Luego le consultó a Del Frari si los representantes de los "uber moto" podrían ser parte de las discusiones de la mencionada ordenanza. "¡Por supuesto, aquí las puertas del Concejo están abiertas para todos". respondió el concejal.

Este conflicto se agudizó en los últimos días tras un episodio que generó indignación en el sector. Durante la semana, un conductor de esta plataforma sufrió la incautación de su vehículo y, además, fue detenido por las fuerzas de seguridad. El hecho encendió las alarmas entre los motociclistas, quienes sostienen que estas acciones constituyen un abuso de autoridad y una clara criminalización de su labor.

A pesar de que Uber Moto todavía no es un servicio legal en la ciudad, su uso creció en los últimos meses, generando una fuerte polémica. Actualmente, el Concejo Deliberante de Salta analiza un proyecto para regularlo, pero mientras tanto, los conductores enfrentan controles estrictos que derivan en el secuestro de motos y sanciones económicas.

 Desde el sector, exigen una pronta regulación que les permita trabajar sin temor a multas o decomisos, mientras que las autoridades justifican los operativos en el marco del cumplimiento de las normas de tránsito y transporte vigente en la provincia.