El 11 de septiembre del año 2.006, se inauguró la Alcaidía General Nº 1, ubicada en las proximidades de la Ciudad Judicial. Desde entonces, los detenidos por robo, abuso, hurto, homicidio, violencia de género, entre otros; esperan primero quince días para saber si la fiscalía mantiene la prisión preventiva o los dejan libres. Pueden esperar hasta dos años, de acuerdo a la Constitución en ese lugar, sin llegar a juicio oral. Sin embargo, algunos internos prefieren pedirle a su abogado defensor que tramite el traslado al Penal de Villa Las Rosas porque están hacinados, no tienen contacto directo con sus familias, ni hablar de visitas íntimas, a las 6 AM se levantan y cada uno tiene que hacer algún trabajo y por si fuera poco, no todos tienen un colchón para dormir. La buena conducta poco importa porque no le suma como si ocurre en el penal provincial. Para elegir talleres o pensar en estudiar, ni pensarlo. Si no se cuenta con un apellido reconocido o padece alguna enfermedad crónica, se comparte celda con algún violador que no escatima en darle la bienvenida. La reinserción social y los derechos constitucionales están totalmente vapuleados. 

Juan Manuel Pizarro Echenique, dialogó con El Expreso de Salta sobre la preferencia de los detenidos en la Alcaidía General que prefieren ser transferidos al Penal de Villa Las Rosas y explicó que existe un grave problema que es casi fundacional al sistema carcelario argentino. Sucede que tenemos principios que son sólidos constitucionales desde el momento que nació el país y habla mediante un artículo que sostiene que las cárceles serán sanas y limpias, no para mortificación de sus reos sino para la resocialización pero en realidad estamos ante un sistema hipócrita. “La gente que está en la Alcaidía prefiere irse al penal por motivos sencillos ya que en Villa Las Rosas, encuentran reflejado un poco más lo que es la humanidad de la pena. Se trata de un principio que nació justamente con el sistema constitucional argentino y los tratados internacionales”, indicó.

Para el especialista, la hipocresía se manifiesta porque el tratamiento debería ser al revés porque nosotros tenemos una Alcaidía que son previas a las condenas y las pensamos como mortificantes cuando en realidad, el principio de humanidad no se respeta porque no hay contacto permanente con las visitas y los detenidos por ejemplo no pueden ver a sus padres más seguido o abrazarlos. También, hay comida más nutritiva o sabrosa en prisión y no hay que hacer un ciclo para obtener un catre y un colchón. Directamente en la cárcel están garantizadas estas mínimas cosas. “Sacándonos el principio de las condenas o no, tenemos que pensar en el ser humano, no como un medio o fin en sí mismo, sino reconocerlo como pares, más allá de lo aberrante que puedan ser sus conductas”, agregó.

Pizarro Echenique aseguró que las cárceles están en la situación actual y a nadie parece llamarle la atención por la permanente puja entre el derecho de la víctima y las garantías constitucionales del imputado o condenado. “Con los niveles de violencia de la sociedad, el crecimiento de delitos como femicidios o que tienen como factor el uso de arma de fuego, influenció a la doctrina a poner en pugna, los derechos de la víctima con las garantías. No digo que uno importe más que el otro, pero ahora están en igualdad y justamente ahora los derechos de la víctima están ganando la batalla a la hora de las decisiones judiciales”, aseveró.

El abogado recordó que el jurista Eugenio Zaffaroni dijo alguna vez que “la Ley de Violencia de Género es inconstitucional” y hay que reflexionar sobre ello ya que no lo dijo de un modo peyorativo ni en contra las mujeres. Es decir, que Zaffaroni pensaba que esta ley es todo lo contrario a lo que se llama un derecho penal de acto porque consagra criterio peligrosista sobre el varón cuando la persona en realidad debería ser condenada por lo que hace y no por la circunstancia a las que pertenece. “La ley en realidad no cumple la prevención y muchas veces hay que recurrir a las medidas cautelares que muchas veces no pueden palear la emergencia que existe. Todo esto se refleja en el sistema carcelario donde la Alcaidía está muy saturada de detenidos acusados con este tipo de delitos y las políticas públicas fracasaron”, añadió.

Para el penalista, si queremos proteger y tener una sociedad moderna, también hay que reconocer estos temas porque el sistema penal argentino está en crisis desde hace tiempo. ”Lamentablemente las estadísticas indican que en un 50% las cárceles están superpobladas y ni hablar de los establecimientos que justamente alojan personas con procesos pendientes. Es un dato a tener en cuenta y poner acento a lo que pasa con las políticas públicas de seguridad porque están fracasado. El problema que el legislador no está viendo es que la ley no motiva porque la amenaza de condena o sanción, no produce motivación a nivel comunicacional de la norma y eso produce que el delito continúe. El delito no baja pese a la dureza de la pena y algo falla porque no motiva al delincuente y se burla de la pena”, aseveró.

“Es hora de empezar a preguntarnos qué haremos de aquí para adelante porque el delincuente no le tiene miedo a la pena porque siguen habiendo femicidios y casos de violencia de género. Entonces, lo que falta es un abordaje multidimensional que cuesta dinero y recursos para diseñar políticas públicas. No creo que con la creación de juzgados y fiscalías, este flagelo de la sociedad se acabe. Todo esto impacta en los derechos de las víctimas y las garantías de los detenidos.

Nadie admira lo que tenemos en la Alcaidía porque justamente es un castigo anticipado que es bien visto para la sociedad de las personas que han delinquido. En realidad eso no hace bien a la sociedad porque la ley no es solo para quien la infringe sino para todos ya que somos potenciales infractores de la ley penal, desde un simple accidente de tránsito por ejemplo donde todos queremos ejercer la defensa. Tenemos que empezar a pensar al sistema sin prejuicio y advertir que está fallando algo a nivel de la construcción de la norma.