Edesa no podrá cortar el suministro por falta de pago en Orán

La jueza en lo Civil de Personas y Familia 2 del Distrito Judicial Orán, Ana María Carriquiry, hizo lugar a una medida cautelar solicitada en un amparo presentado por l diputada provincial Carolina Ceaglio y ordenó a la empresa Edesa, distribuidora de electricidad en la provincia, que “se abstenga de efectuar cortes en el suministro del servicio por falta de pago hasta tanto se resuelva el fondo de la acción de amparo interpuesta.”

La jueza ordenó que la empresa arbitre los medios necesarios para garantizar la prestación continua e ininterrumpida del servicio de energía eléctrica evitando interrupciones o cortes en el suministro que puedan afectar la calidad de vida de usuarias y usuarios, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad.

Además fijó astreintes (una sanción económica) en caso de que la empresa incumpla con esta decisión, y las fijó en 250 mil pesos por cada día de retardo, desde la fecha de notificación.

 La diputada Ceaglio pidió esta medida en el marco de un amparo presentado en contra de la prestataria del servicio de energía, con el patrocionio del abogado Hernán Mascietti. La acción de Ceaglio se tomó en un clima de creciente malestar en la ciudad de Orán (y en el resto del norte salteño) debido a fallas en la calidad del servicio y a las exhorbitantes subas en las facturas. 

La acción de amparo colectiva contra la empresa Edesa persigue que la firma "garantice y ofrezca la prestación del servicio esencial de energía eléctrica en condiciones óptimas, continuas y seguras, evitando interrupciones prolongadas o reiteradas que perjudiquen la calidad de vida de los usuarios".

También pide que se ordene a la empresa la ejecución de obras y mejoras en la infraestructura del servicio eléctrico para asegurar su regularidad, eficiencia y seguridad, adecuándose a estándares técnicos idóneos y a las necesidades de la población.

 Que se disponga la "reparación inmediata de los daños concretos causados por la interrupción constante del servicio, incluyendo resarcimientos económicos para los usuarios afectados, cuando corresponda".

Y reclama que se dispongaa un sistema tarifario "transparente, accesible y equitativo, garantizando que los aumentos en las tarifas sean justificados, graduales y proporcionales a la capacidad económica de los usuarios, evitando incrementos desmedidos que atenten contra el principio de justicia tarifaria". 

Asimismo, el amparo solicita que se prohíban aumentos desproporcionados y arbitrarios en las tarifas del servicio eléctrico, y se establezcan mecanismos de control que impidan abusos por parte de la empresa prestataria. Que se disponga la revisión y "readecuación técnica y/o constructiva del sistema energético local, con especial atención a la infraestructura deficiente que afecta la calidad del servicio en la región".

 También pide que se implementen medidas de protección para los sectores más vulnerables, que se aseguren tarifas diferenciadas o subsidios para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o social.

Que se garantice el "acceso efectivo a la información sobre el servicio, incluyendo mecanismos de reclamo eficientes y de fácil acceso para los usuarios". 

Y que se "impongan sanciones efectivas a la empresa prestataria en caso de incumplimiento de las obligaciones aquí requeridas, estableciendo incluso astreintes para garantizar la ejecución efectiva de las medidas dispuestas". Esto último ya lo decidió la jueza al hacer lugar a la medida cautelar que obliga a la empresa a no cortar el servicio por falta de pago hasta tanto la administración de justicia tome una decisión sobre estos planteos presentados en el amparo colectivo.