Emiliano Estrada fue imputado tras el escándalo de cuentas troll en Tik Tok
En conferencia de prensa, la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, expuso los avances en la investigación que se lleva adelante en la causa por la presunta comisión del delito de intimidación pública, a raíz de publicaciones y difusión de videos anónimos en la red social Tik Tok.
El diputado nacional de Salta Emiliano Estrada fue imputado en las últimas horas por el delito de intimidación pública, acción que llevaba a cabo a través de cuentas fantasmas en redes sociales desde las que creaba fake news para difamar a rivales políticos, empresarios y periodistas de Salta. El legislador deberá presentarse a declarar ante la fiscal de ciberdelitos, Sofía Cornejo.
“Lo que se investiga en estas situaciones es un delito en donde no hay víctimas físicas, no hay personas físicas. Acá hay víctimas en el orden público, en el orden constitucional, y desestabilidad de los poderes del Estado”, indicó la fiscal Cornejo en conferencia de prensa.
Una de las imputadas en la causa cuya declaración complicó aún más a Estrada, se desempeñaba como asesora del diputado y confesó que era quien operaba las cuentas “La Casta Salteña” y “La Casta de Sáenz” siguiendo las directivas del legislador nacional. El abogado de la mujer, Gustavo Feoli, aseguró que ella lo tomaba como parte de sus responsabilidades laborales y que no tenía conciencia de estar incurriendo en actividades ilícitas.
Finalmente aclaró que en relación al delito de peculado de trabajo y servicios que se le imputa a Legislador Nacional, se fundamenta en la presunción de que la organización y distribución de tareas de esta organización estaba siendo financiada con fondos públicos, -del Estado Nacional, en el caso del Congreso de la Nación, ya que el pago de los servicios de dos de los imputados (sus asesores) provenían del erario público nacional, por lo que oportunamente se evaluará la cuestión de la competencia federal para la investigación de este delito. En el caso puntual; no obstante ello, también aclaró suficientemente que el delito de intimidación publica esta habilitado por la jurisdicción ordinaria