La UNSa se une a la Marcha Federal Universitaria y le dice no al veto de financiamiento de la Educación Pública

La Mesa en Defensa de la Universidad Pública de la UNSa ha expresado su inquietud ante la crítica situación que enfrentan las 57 universidades nacionales en Argentina. Temas como el escaso financiamiento, condiciones de trabajo y la infraestructura son puntos de preocupación constante. Desde la llegada al gobierno de La Libertad Avanza, se ha denunciado un creciente desprecio hacia el sistema universitario y científico del país.

El rector de la UNSa, Daniel Hoyos, ha reiterado las preocupaciones expresadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que ha advertido al Ejecutivo sobre la precaria situación financiera del sistema. Tras la exitosa marcha del 23 de abril, se abordaron solicitudes de mejora salarial para docentes y no docentes, aumento en las becas estudiantiles, y la ampliación de programas de ciencia y técnica. Sin embargo, solo se ha visto una ligera mejora en los gastos de funcionamiento, carente de acompañamiento en otros aspectos cruciales.

“Marchamos en rechazo al veto, en defensa de la Universidad Pública y por la mejora del presupuesto nacional educativo”, afirmó Hoyos, refiriéndose al veto anunciado por el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el 12 de septiembre. Es imperativo que los legisladores de Salta apoyen a la UNSa, que alberga a más de 3400 trabajadores y 40 mil estudiantes.

Previo a la marcha, se realizará una caravana desde la Sede Central hasta el monumento 20 de Febrero. El recorrido de la marcha será similar al del evento anterior, atravesando importantes avenidas hasta culminar en la plaza 9 de Julio. Todas las facultades de la UNSa declararán asueto a partir de las 15 horas para facilitar la participación de la comunidad universitaria.

Datos recientes indican que el presupuesto universitario para 2024 es el más bajo desde 1996. La UNSa sostiene que actualmente solo recibe el 1,5% de la masa de fondos distribuidos en el país, mientras que previamente contaba con un 1,9%. Desde 2014, se vive un recorte continuado que ha disminuido el poder adquisitivo de sus trabajadores en un 60%. Aunque la ley estipula un 0,45% del PBI para el financiamiento de educación y ciencia, el cumplimiento está lejos de hacerse realidad.