El Gobierno liberó a las empresas de internet, telefonía celular y cable para que fijen sus tarifas sin regulación
A través de un DNU, el Gobierno eliminó las regulaciones que fijaban un tope a las empresas de telecomunicaciones para los aumentos de precios en sus servicios. A pesar de la liberación de los precios, se estima que no van a dispararse ni a crecer como en otras actividades.
El gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), liberó a las empresas que prestan los servicios de internet, telefonía celular y TV por cable para que puedan fijar sus tarifas sin intervención del Estado.
A través de la resolución 13/2024 publicada en el Boletín Oficial este jueves, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) derogó una serie de normativas que determinaban que las tarifas debían ser "justas y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación". De esta manera, las empresas podrán fijar el precio que consideren.
De esta manera, el Gobierno de Javier Milei le liberó las manos a los operadores de Internet, telefonía y TV paga, para disponer aumentos sin tope alguno. Los topes estaban establecidos con regulaciones desde 2020 durante la gestión de Alberto Fernández a partir de la pandemia de Covid-19, que les imponían un tope a las tarifas de internet, celulares y cable, con un límite para los aumentos de precios de entre un 5% y un 10% mensual.
A pesar de la liberación de los precios que disponen ahora, se estima que no van a dispararse ni a crecer como en otras actividades, porque hay libre competencia. Sin embargo, los aumentos son ineludibles porque es imposible para las empresas prestar los servicios por debajo de los costos.
La nueva resolución del Enacom se anunció justo en la semana en que se difundió un estudio privado, según el cual el 67,5% de los hogares argentinos adoptó alguna medida para reducir el costo de su servicio de Internet fijo, y un 65,3% también buscará reducir el costo de su servicio de televisión con abono.
La medida llega en un contexto complejo: una suba de las tarifas por el peso de la presión impositiva sobre el sector, el aumento de los costos de operación por la inflación, y la caída del poder adquisitivo de sus clientes como consecuencia de la recesión derivada del ajuste iniciado por la administración Milei.
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