El tribunal superior de justicia de la Provincia de Salta dictó dos sentencias en el conflicto de poderes planteado entre el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) y la Municipalidad de Salta, durante la gestión de Bettina Romero. Mientras rechazó la acción de amparo que la comuna capitalina había presentado contra decisiones del órgano de control, decidió mantener vigentes la Orden Regulatoria 11/22 y las Resoluciones 729/22, 789/22 y 933/22.

Las disidencias se produjeron a raíz de un doble cobro de tributos que el municipio había dispuesto en relación a 17.340 domicilios en los que había más de un suministro de energía eléctrica. La Corte de Justicia consideró que había exceso al incluir al Impuesto Inmobiliario y la Tasa de Prevención y Protección de Bienes y Personas en la factura de este servicio.

Dentro de las medidas que dispuso el ENRESP, y que ratifica el criterio judicial, figuran como relevantes la consolidación del derecho a información adecuada y veraz de los usuarios del servicio que habían sido sometidos a confusión con la creación de “parcelas urbanas transitorias” y, también, la posibilidad de que los usuarios separen la factura del servicio de energía eléctrica de cualquier otro concepto o rubro anexado.