El cacique Jorge Luis Altamarino, de la comunidad wichí Loira, de Tartagal, fue detenido el martes pasado por las reiteradas citaciones judiciales que no concurrió. La causa sería una denuncia por supuesta violencia de género que interpuso en su contra una vecina de la mencionada comunidad, Fabiola Torres, a raíz de una vieja pelea entre entre familias por diferencias en la política que se viene aplicando en la mencionada comunidad. Uno de los temas centrales, es la venta de terrenos tal como lo están haciendo otras comunidades de la región, algo que está prohibido por ley.

La familia Altamarino en la comunidad Loira.

Según el expediente de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, a cargo del doctor Daniel Burgos, el mencionado cacique Altamarino habría proferido insultos y amenazas contra la señora Fabiola Torres. Sin embargo, los familiares del cacique cuentan otra historia de vieja data en la comunidad. Y es el enfrentamiento entre el cacique y el esposo de Fabiola Torres, Adionasto Roldán, un criollo que junto a su esposa accedieron a vivir en la Comunidad Loira. La pelea habría surgido por la presión del matrimonio Torres-Roldán para que la comunidad instrumente, como se viene haciendo en otras comunidades, la venta de terrenos a particulares. Ante la negativa de Altamarino, surgió entre las dos familias una "guerra sin cuartel" con un impredecible final si es que la Justicia no actúa con la premura y la transparencia que exige el caso.

La hija del cacique Abigail Altamarino participó junto a su familia de una protesta en la Ciudad Judicial de Tartagal reclamando la libertad del cacique. Sin embargo no hubo respuesta, y alertan de que se trata de una "medida extrema y sin justificación alguna". Según contaron, el cacique accedió a que Fabiola Torres y Adionasto Roldán ingresaran a vivir a la comunidad Loira, pero a unos dos meses comenzaron los problemas de convivencia porque este matrimonio se niega a respetar las normas de convivencia. A raíz de esto, el año pasado Altamarino intetó expulsar al díscolo matrimonio de la comunidad, ellos recurrieron a la justicia para que lo impidiera. "Ellos quieren que hagamos como en otras comunidades, que están vendiendo terrenos, y nosotros nos negamos porque queremos que estas tierras queden para nuestros hijos. Como no aceptamos comienzan las agresiones. Son ellos (Fabiola y Adionasto) los que nos viven amenazan, nos tiran piedras, en incluso llegaron a sacar un revolver. Fuimos a la justicia pero no hace nada. Ahora que ella va y mienten, a mi papá lo meten preso", denunció Abigail. Y reclamó que el juez Mariscal, del Juzgado de Garantías 2da Nominación, los escuche para poder resolver el fondo de la cuestión. "Tuvimos que contratar al abogado Jorge Daniel Soruco para que actúe por nosotros porque el juez no nos escucha", dijo Abigail. "Este matrimonio tiene problemas de adicción, no trabajan, están todo el día de fiesta. Nosotros somos artesanos, llevamos nuestros hijos a la escuela, pero ellos están en otra cosa", agrego Abigail.

El miércoles por la mañana, la familia Altamarino esperaba ser recibida por el juez o por el fiscal Daniel Burgos para explicarle la situación, sin embargo, pasado el mediodía, no habían sido recibidos.