Castillo alertó que el RIGI sería “inconstitucional” si Nación desconoce lo aprobado en el Senado

El presidente de la empresa provincial Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa), Alberto Castillo, expresó su disconformidad con los cambios de las reglas del juego en el sector minero, como los que se fueron debatidos en la aprobación de la ley Base en el capítulo del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Castillo dijo que el Gobierno de la Provincia mantiene su posición de ‘no cambio a las condiciones’ de acuerdos logrados con las empresas. Lo dijo al señalar que el gobernador en los foros mineros de nivel internacional donde presentó la oferta minera de Salta, como en Toronto, ante los inversores más importantes del mundo, sostiene que “en Salta hay reglas claras, hay seguridad jurídica”.

El presidente de REMSa aseveró que “si una inversión viene a Salta e invierte en las condiciones vigentes, esas condiciones no cambian”. Y comprendió en esta perspectiva a las empresas que ya están instaladas o están en vía de instalación, porque ya han adquirido y han logrado incluso los préstamos y la financiación de los proyectos”.

En este aspecto, Castillo afirmó que el RIGI, sancionado en el Senado, “en el fondo, sí conviene porque le da estabilidad y seguridad jurídica” al Estado y a las Provincias. “Si el RIGI queda como salió en el Senado, sí va a fomentar las inversiones. Si se cambia y vuelven a redacción original, nos puede traer problema” añadió.

Pero no se daría este escenario si el Gobierno insiste con el proyecto aprobado en Diputados, según Castillo. “Ahí nos volvemos a chocar”, dijo, para cuestionar que el RIGI en esa versión “toca lo inconstitucional”, por cuanto ignora que las Provincias deben adherir, saltando o violando el sistema federal de autonomía. 

“La adhesión se da por hecha y no puede oponerse al RIGI ninguna ley nacional, provincial o municipal”, dijo. 

Castillo mostró sus reparos a que el RIGI podría colisionar con el Ley de Promoción Minera de la provincia es Salta, citando que si el Régimen decide no contemplar el 70% de empleo salteño, será así porque la ley provincial “será de nulidad absoluta”. 

Castillo cuestionó que el RIGI que aprobó el Senado fue un acuerdo logrado por los gobernadores, y como tal, da estabilidad jurídica y financiera a las inversiones, permite una devolución anticipada del IVA, y una devolución anticipada, una compensación anticipada de los activos, y a favor, la generación de empleos a escala.

Castillo consideró aceptable que las regalías sean del 5% pero proyectos, que todavía no han adquirido el área. “Tiene un efecto hacia un futuro y no cambia las condiciones de los proyectos vigentes, pero también tienen que estar acompañado de muchas otras modificación”, dijo Castillo, en relación a la carga impositiva.