Un nuevo escándalo político pone a la ciudad de San Ramón de la Nueva como el centro de atención de los hechos públicos vergonzosos. Esta vez, una concejal excediéndose de su responsabilidad como funcionaria pública, se entrometió en un procedimiento de rutina de personal de Tránsito y evitó un pago de la tasa municipal que se cobra a los vehículos que realizan viajes de tours de compras a esa ciudad. Quizás el valor de la tasa no sea tan importante como lo debe ser el orden y el respeto institucional que marca el funcionamiento de una vida democrática. De lo contrario, cualquier podría pensar que, en la ciudad fundada por el General Pizarro hace unos 240 años, se puede hacer lo que uno quiera sin respetar pelo ni marca.

Según lo comentó el jefe de Tránsito, José Homez, la concejal Carolina Guantay, al grito de “esa tasa es ilegal”, interrumpió el accionar de personal municipal y desconcertó al conductor del vehículo, que aprovechando la insólita discusión, se tomó las de villa Diego sin realizar el correspondiente aporte.

¿Puede una concejal inmiscuirse en los procedimientos municipales? ¿No está acaso su función limita a la importante labor de crear o proponer normas para un mejor funcionamiento de las instituciones públicas de la ciudad)

Si se permiten estos atropellos, de pronto los ciudadanos en la premura que impone el ajuste libertario, podrían concurrir en bandada a pedir la intervención de Guantay para evitar el pago de los impuestos municipales que la concejal considere “legales”. 

Según Homez, la denuncia quedó asentada en la policía de la ciudad y se han labrado las actas correspondientes “por facilitar la fuga de un tour de compras”.

Si no hay una medida disciplinaria, la ciudad de Orán puede verse sumida en un grave desorden político, justamente lo que no hace falta en estos tiempos de atropellos libertarios a las instalaciones estatales.