La minería entró en el ojo de la tormenta en las últimas 48 horas y podría ser la punta de un iceberg. La detección de 15 trabajadores ilegales en la empresa Posco Argentina, en un operativo conjunto hecho entre la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección Nacional de Trabajo y la Policía Federal en la madrugada del miércoles último en el Nodo Logístico de Güemes, se abrieron dudas y sospechas dentro y fuera del sector, sobre el estricto cumplimiento y el control de la aplicación de leyes de empleo local y del compre salteño entre las mineras. 

Tras la débil excusa de Posco, aclarando que los trabajadores ilegales no eran empleados de la empresa, la Cámara Argentina de Proveedores y Empresarios Mineros de Salta (CAPEMISA), manifestó su apoyo a “los controles y las inspecciones realizadas”, enfatizando que “se debe cumplir con las leyes a nivel nacional, provincial y municipal.”

En un comunicado emitido en las últimas horas y que dirigen a la comunidad y a las autoridades, la CAPEMISA indicó que “es conocida en Salta nuestra posición en defensa del compre local, para con ello lograr el desarrollo de la provincia a través de la minería y sus proveedores”.

La entidad ofreció su colaboración para evitar que hechos de este tipo se repitan, y propuso la implementación de un “sistema de valuación de proveedores y licitaciones transparente como existe, por ejemplo, en Chile, a los fines de evitar desviaciones que tanto nos perjudican”. En esa línea, CAPEMISA llamó a las empresas mineras, a los trabajadores y proveedores, a denunciar irregularidades “ante nuestra cámara o a las autoridades” para evitar afectar la integridad del sector.

La entidad que preside Diego Pestaña, apuntó contra quienes deben controlar a las empresas al señalar que “últimamente es notoria la aparición de empresas extranjeras que ganan licitaciones cotizadas a valores inferiores de los costos reales de las mismas para así no tributar en el país, las que además utilizan artilugios para simular ser locales utilizando socios que a viva luz no cuentan ni con antecedentes ni capacidad para dichas obras o que actúan como prestanombres para simular ser una empresa local”. 

Tras la dura afirmación, la Cámara sostuvo que “estas irregularidades fueron comunicadas en diferentes oportunidades a las autoridades pertinentes y causan un grave perjuicio dejando sin trabajo a empresas salteñas que compiten lealmente tributando en el país y con trabajado registrado”.

“No se puede entender, si no hubo un acuerdo o falsificación de documentación, cómo estas personas pudieron ingresar a la planta de la empresa, ya que los controles de documentación previos al ingreso, como pago del 931 (cargas sociales), ART, exámenes médicos, recibo de pago, son condición para todos los contratistas”.

Asimismo, CAPEMISA solicitó a Posco que revise “su sistema de contratación y control, ya que esto no puede volver a suceder”. Y sentó una dura crítica al Gobierno y la Secretaría de Minería, sin nombrarlos: “esta situación se repite en otras empresas de diferentes orígenes y por el bien del sector y en defensa de sus inversiones, los llamamos a la reflexión”, subrayando la minería es considerada como un sector de desarrollo por la sociedad, pero debe comportarse con “ética, transparencia y donde todos compitamos en igualdad de condiciones”.

“Si hay algún compromiso, tiene que ser con las empresas locales, que tributamos aquí, y que vamos a ser quienes defendamos la actividad cuando sea necesario”, dijeron.