Esta semana, el Ministerio de Capital Humano retomó las licitaciones públicas para la compra de alimentos para los sectores más vulnerables. Realizó una convocatoria el miércoles pasado, a través de las normas de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Fuentes de la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que “la licitación ha sido un éxito rotundo y marca un antes y después en la política alimentaria y la transparencia en las adquisiciones del Estado”.

De la convocatoria participó un total de 16 ofertas de productores y distribuidores, de todos los tamaños, “con precios sustancialmente menores al presupuesto oficial y por debajo de los precios de mercado”. Antes en estas licitaciones se presentaban muy pocos oferentes, indican a fuentes de Capital Humano.

El resultado de esta licitación fue posible por el proceso diseñado para fomentar la competencia y la transparencia”. En tal sentido, fuentes del ministerio precisan que se crearon documentos licitatorios que promovieran una competencia justa, permitiendo una participación más amplia. Asimismo, permitieron cotizar partes del stock no vendido, favoreciendo la inclusión de más proveedores.

Otro aspecto relevante fue la mejora de condiciones financieras. Se redujo el ciclo de pago a 30/40 días gracias al pre-fondeo por organismos internacionales, lo que alivió la carga financiera de los oferentes.

En Capital Humano, y a modo de resultado, sostienen que “este proceso no solo logró precios más bajos, permitiéndonos adquirir más alimentos dentro del mismo presupuesto, sino que también estableció un precedente para la transparencia y eficiencia en futuras licitaciones. Con una baja estimada del 30% en los precios testigos, liberamos fondos para aumentar la cantidad de alimentos adquiridos”.

La cartera tiene previsto lanzar una nueva licitación a través del Proyecto Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “con una expectativa alta de replicar o incluso superar el éxito de este proceso”.

El presupuesto para estas compras asciende a 53.000 millones de pesos y la intención del ministerio es utilizar tanto las normas PNUD como OEI (ambos organismos cobran comisiones, pero aseguran transparencia, reconocen en fuentes oficiales). Entre los proveedores se señala que los requerimientos del PNUD son más complejos que los de OEI, dificultando la participación de las empresas más pequeñas.