Sergio Leavy impulsa un proyecto de ley contra el negacionismo de crímenes de lesa humanidad

La propuesta del senador Leavy tiene sanciones para los funcionarios públicos, ciudadanos y medios de difusión y capacitación en DDHH en el Estado.

Ante repetidas acciones públicas por negar o cuestionar que las desapariciones, muertes y torturas producidas durante la última dictadura militar no fueron un acto de violación de los derechos humanos, con un grado de planificación y coordinación estatal que los constituye en delitos de Lesa Humanidad, senadores y senadoras del Interbloque de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de Ley que crea un Marco Regulatorio de Protección contra el Negacionismo.

La propuesta (S-442/24), impulsada por el senador por Salta, Sergio Leavy y acompañada por Lucía Corpacci, Inés Pilatti Vergara, Nora Giménez, Cristina López, Silvina García Larraburu, José Neder, Carlos Parrilli, Silvia Sapag, Gerardo Montenegro, Teresa González y Fernando Rejal, apunta a que nuestro país esté en consonancia con legislación internacional que tipifica el negacionismo como delito.

Este Marco Regulatorio de Protección contra el Negacionismo incorpora al Código Penal “penas de prisión de un mes a un año e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de cinco años, al funcionario público que realice toda acción u omisión que suponga exteriorizar por cualquier medio, declaraciones públicas tendientes a reivindicar, justificar, negar, relativizar los delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado realizados durante la última dictadura argentina.

Además, la propuesta establece capacitaciones obligatorias en la temática de Derechos Humanos para todos lo que se desempeñen laboralmente en los poderes y organismos del Estado. 

Fundamentando el proyecto, el senador Leavy señaló que “los recientes comentarios públicos que ponen en duda la existencia del plan sistemático de desaparición, tortura, muerte y apropiación de bebés por parte de la última dictadura cívico militar, no son novedosos, pero -por respeto a las víctimas y a la imagen de Argentina en torno a la defensa de los Derechos Humanos - consideramos que es fundamental adaptar nuestra legislación al estándar internacional en esta materia”.