Alberto Castillo, presidente de REMSA, analizó la situación de los proyectos mineros, el rol del gobierno y la inversión para la provincia. El responsable destacó que la empresa no recibe fondos públicos, sino que sostiene con los honorarios de l minería, que luego se invierten en infraestructura. "REMSA no toma cánones, ni las regalías, no recibimos nada de eso. Solamente nos financiamos con servicios que prestamos al sector privado", aseguró. 

Al respecto, resaltó la labor de REMSA, que licita las áreas vacantes y acuerda con los inversores, como así también "generar condiciones para que la empresa se asocie con proyectos". Asimismo, remarcó la importancia de los gasoductos de Anta, Puna y Fénix, ya que la empresa tiene como línea ser subdistribuidor de gas; como así también en la articulación con Vialidad para la reconstrucción de 500 km mineros. En este sentido, se refirió a las obras sobre la ruta 129, la 27 de Salar de Pocitos a Tolar Grande, el bypass de la ruta 51 para el desarrollo de la actividad minera.

Castillo destacó el avance del proyecto del nodo logístico minero en Olacapato que implica varias obras como una playa de servicio de transferencia ferroviaria y otra de camiones. Además, abarcará "servicios de parque industrial, hotelero, gastronómico, de servicios financieros y todas las reparticiones públicas, tanto nacional, provincial, como municipal", afirmó. 

Por otra parte, el presidente sostuvo el modelo salteño, ya que no se asocia a los proyectos mineros, que implicaría esperar las ganancias una vez que estos puedan pagar los préstamos de los fondos de inversión. En cambio, en la provincia "se vende y se cobra inmediatamente", puntualizó y agregó que el gobierno es quien determina el destino de los fondos.

Finalmente, Castillo garantizó que los beneficios de la minería para Salta se ven en la generación de empleo, que en el 2022 llegó a más de 15 mil puestos de trabajo vinculados a los "servicios de proveedores, emprendedores, empresas de transporte, logística", entre otros.