Evidentemente, la cercanía electoral comenzó a afectar las decisiones fundamentales de autoridad, tanto en la Municipalidad capitalina a cargo de Bettina Romero, como en el gobierno de Gustavo Sáenz en la provincia. Es que los dos están autopostulados para ser reelectos en las elecciones adelantadas para el próximo de mayo en la provincia. Y les está pesando aplicar el rigor que dictan las normas. De otra forma no se explica la falta de cumplimiento de una ley que fue promulgada por el gobierno provincial el pasado 11 de octubre y que fue tan esperada por organizaciones protectoras de animales y también por la asociación TEA que pedía lo mismo para evitarle trastornos o sufrimientos a las personas con autismo.

Es más, distintas organizaciones le han reclamado a la Municipalidad capitalina que controle la venta de cohetes en negocios específicos porque tanto en días previos a Nochebuena como también al 31 de diciembre, observaron que la venta de cohetes era prácticamente libre en estos negocios muy conocidos por los salteños. Sin embargo, las autoridades municipales han decidido mirar para otro lado. Claro que no es el único caso en la relación del gobierno de Bettina Romero con algunos comercios que se desarrollan al margen de las normas pero que los inspectores no hacen nada por "falta de una orden política al respecto". El 31 en horas tempranas una organización recurrió al escrache de un negocio que estaba vendiendo pirotecnia prohibida, y en vez de enviar inspectores a decomisar la mercadería, enviaron policías a proteger la venta. Y eso que la secretaria de Seguridad, la abogada Frida Fonseca Lardies, había prometida que "en esta ocasión no ocurriría" lo mismo que la noche del 24 e incluso amenazó con mandar a detener a aquellos que osaran reventar cohetes explosivos. Nada de eso ocurrió.

La ley impulsada desde la Cámara de Diputados con el  N° 8.340 establece "la prohibición de la pirotecnia con efectos sonoros en todo el territorio provincial". Surgió a pedido de organizaciones y familiares de personas con autismo, proteccionistas de animales, veteranos de Malvinas, a tono con lo que estaba ocurriendo en otras provincias del país. Sancionada en mayo de 2022, no sólo prohíbe el "uso de todo elemento de pirotecnia con efectos audibles o sonoros en la provincia", sino también la "tenencia, comercialización, manipulación, fabricación, acopio, exhibición y expendio" del material mencionado. Por eso la organización que realizó el escrache reclamó que la aplicación de esta ley en todo sentido.

Este desaire de las autoridades tuvo repercusión cuando el reloj marcó el fin del año 2022 y el ingreso al 2023. En Salta se escucharon estruendo en distintos puntos de la ciudad por casi una hora, incluso algunos reventones de gran potencia, lo que obviamente provocó el malestar de cientos de vecinos que se hicieron sentir por las redes sociales, y que exigirán una explicación de las autoridades municipales como también del Ministerio de Seguridad.  Una hora de explosiones fue suficiente para mostrar que algo falló con esta esperada ley. 

El mismo gobierno de la provincia haya promulgado una ley que luego no exigirá respeto y aplicación, es pensar que la política, en definitiva, depende del maquillaje no de la esencia de la vida de los ciudadanos. ¿Qué dirá la secretaria de Seguridad Frida Fonseca al respecto? ¿Había orden de proteger a estos comercios antes que investigarlos? Lo mismo se espera de la intendenta Bettina Romero, una explicación de por qué no se cumplió con lo que indica la norma. Según las primeras repercusiones recibidas en esta publicación, la situación en los municipios fue exactamente igual: ¿cero cumplimiento!

Para recordar: "ley pareja no es rigurosa"