El referente de Memoria y Movilización, Lucas Ávila, recordó que debido a la ley de Obediencia Debida y Punto Final y el indulto de prohibición de extradición de los genocidas, "último escalón de impunidad dictado por el gobierno De la Rúa, a partir del 2003,cuando empezaron nuevamente los juicios contra los genocidas, permitió por lo menos elegir entre la justicia tardía antes que la injusticia eterna", afirmó en el programa De Buena Fuente.

En Salta el gobernador Miguel Ragone fue intervenido en noviembre del año '74 y quedó militarizada la ciudad partir de ese año, incluso antes del 24 de marzo '76, momento en que todo el país fue intervenido por gobiernos militares, activando un Terrorismo de Estado que se cobró la vida de 30 mil personas.

"Por ejemplo el asesinato y posterior dinamitación de Eduardo Fronda, y al mes siguiente al periodista Luciano Jaime, que investigó este asesinato también lo mataron. Así hubo miles de hechos más, hasta la propia desaparición de Miguel Ragone el 11 de marzo del '76. Todos los casos confirmados por el tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, luego ratificados por la Camara federal de Casación Penal con sede en Buenos Aires y luego la Corte Suprema de Nación. Es decir tiene que ver con una gestión netamente de derechos", reflexionó el referente.

En el caso de Palomitas, uno de los crímenes más emblemáticos, por su nivel de virulencia, "estaban todos los políticos que estaban en disidencia con el golpe militar, fueron detenidos por el solo hecho de no pensar igual y ser militantes. Luego seleccionaron otros presos políticos y el 6 de julio simularon un traslado a una cárcel de máxima seguridad en Córdoba desde Villa las Rosas, y allí en el paraje Palomitas, pasando Güemes sobre la ruta 34, fueron fusilados 11 detenidos, de los cuales, a tres los tiraron en una paraje de Tucumán, otros 3 en jujuy y los otros quedaron dinamitados en el lugar, dos de ellos quedaron esparcidos, pero periodistas de la época encontraron lóbulos de oreja, de uñas, de dedos", añadió.

Ávila precisó que se trataron de actos aleccionadores porque secuestraron inclusive al gobernador  Ragone, el único de Salta, del país y de Latinoamérica.