Las resoluciones N° 642 y N° 643 emiidas por el Ente Regulador y publicadas en el Boletín Oficial, disponen medidas pertinentes para garantizar el acceso a la salud, en barrios privados y evitar los excesos de extracción de agua de los realizadores privados.

La medida fue tomada porque dichas urbanizaciones carecen de control en la captación, transporte, tratamiento y distribución del agua potable y el manejo de los efluentes cloacales.

La resolución también busca regularizar el servicio del agua para el resto de los ciudadanos, ya que los desarrolladores privados no podrán extraer más agua que la autorizada por la Secretaría de Recursos Hídricos según las disponibilidades de las fuentes. Esto se logrará mediante la instalación de caudalímetros de modo tal que se fije un límite, sobre todo en períodos veraniegos, cuando el líquido es más necesario.

"En la misma línea se ha dispuesto que los operadores de estos servicios sanitarios paguen un seguro de responsabilidad, garantizando a los usuarios cobertura indemnizatoria en caso de eventuales siniestros", dice parte del comunicado oficial de Ente.

En relación a este punto, se creó el órgano de control llamado Registro Único de Operadores de Servicios Públicos Sanitarios (RUOSPS) en donde los desarrolladores de  barrios privados deberán inscribirse y se ha fijado regularizando la situación que afecta a más de 50 urbanizaciones en toda la Provincia, pero que se concentran en los departamentos de Capital y el Valle de Lerma.

El ENRESP trabajó en el marco de la crisis hídrica de inicios de 2022 donde se detectaron abusos en la captación y uso del agua; ausencia de consorcios o personas jurídicas que se responsabilicen por los servicios que vienen prestando sin autorización y, también, se puso en evidencia la falta de pago por la prestación de estos servicios de los residentes de barrios con alto poder adquisitivo. La etapa previa a la firma de estas resoluciones incluyó un proceso participativo donde referentes de los sectores público y privado analizaron la problemática y compartieron los criterios ordenados. 

El presidente del Enresp, Carlos Saravia, expresó: “A partir de ahora los que operan el agua potable y los desagües cloacales tendrán reglas claras y serán controlados porque los excesos de algunos provocan la escasez de otros. Es notoriamente injusto que los que tienen más solvencia económica y viviendas con alto consumo no paguen tarifas, mientras que los vulnerables estén obligados a abonar a Aguas del Norte por el servicio, a veces deficiente. Esto se va a revertir. Por supuesto, trabajamos generando consensos y fijando un plazo de transición de un año. La demora del Estado, y del Enresp en particular, ha sido parte del problema y no es justo solamente cuestionar al privado”.