El fiscal de la causa, Ricardo Toranzos, explicó como avanzan las investigaciones, la Aduana donó al rededor de 1500 electrodomésticos que había sido retenidos en la frontera, para su posterior distribución entre los jubilados.

Toranzos dijo que se encontraron aproximadamente 700 actas, de las cuales se realizó un muestreo de 80 personas para ver si efectivamente habían recibido los electrodoméstico.

La investigación arrojó que una tercera parte dice no haber recibido nunca el electrodoméstico de parte de PAMI. El otro 30% plantea que lo recibió y un 30% plantea que lo recibieron pero no del organismo, sino en un acto político.

La situación de Molina y Vera es complicada ya que enfrentan los cargos de malversación de fondos públicos y peculado.Con todos estos elementos se les amplió la imputación y  se incluyeron a dos funcionarios intermedios, Diego Jesús Albornoz y Gustavo Emilio Gerónimo.

Por su parte Ruarte, también comparece ante la justicia, puesto que si bien no era funcionario público, se habría beneficiado con la utilización incorrecta de los electrodomésticos.

“En principio, estas conductas se encuadras en el delito de malversación de caudales públicos, es decir, cuando un funcionario recibe un bien que lo tiene que administrar y disponer en pro de un deber que le da su calidad de funcionario público y altera el destino. Lo hace para beneficio propio, para beneficio de terceros. El otro delito que se le achaca, se llama peculado que es la utilización para provecho de bienes provenientes del Estado. Estos delitos no solo tienen pena de prisión sino también de inhabilitación para ejercer cargos públicos o ser funcionario” dijo Toranzos.

Fuente: InformateSalta