Miembros de la Policía de la Provincia de Salta fueron detenidos en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, por una falsa financiera que operaba en Salta.

Luego de los allanamientos efectuados entre  la fiscal del UDEC continuó con las investigacioned para dar con  el paradero de una mujer, que sería una de las organizadoras de la financiera, y un hombre que se encuentran prófugos.

En medio del escándalo la policía se ve salpicada, dado que los investigadores pudieron identificar a dos miembros del cuerpo, que habrían adoptado roles de colaboradores a la financiera trucha, para acumular un número mayor de víctimas que entregaron sus ahorros.

En este marco, el procurador General, Pedro García Castiella, aseguro que el sub comisario, Juan Ramón Miranda, afectado al CIF, debe continuar prestado servicios en la fiscalía, pese a la decisión del jefe de Policía, Miguel Ceballos quien ordenó su disposición.

"Ya hay un proceso penal en trámite, nosostros como policías estamos obligados a valorar y tenemos toda la voluntad de colaborar para que se aclaren los hechos. Miranda sigue trabajando en el ministerio Público Fiscal, hubo una resolución que había transmitido el jefe de policía", explicó en el programa De Buena Fuente, El sub jefe de la Policía, Pablo Vilte.

En ese sentido advirtió que no hay una decisión clara respecto a Miranda y los interrogantes que surgen ante su posible participación en la financiera trucha.

Miranda es un oficial con cargo de comisario General afectado al ministro Público Fiscal, desde allí indicaron que no correspondía su disposición porque se lo nombró junto al ministerio de Seguridad y Justicia.

En ese sentido explicó que el pase a disponibilidad se puede otorgar por razones de servicio, no necesariamente porque Miranda esté implicado. Pasar a disponibilidad es una medida prevista por ley la 61.93, se trata dd una facultad del jefe de policía. Según la normativa, poder poner a disponibilidad a un efectivo que momentáneamente no va ser utilizado o no tiene un destino fijo.

La disponibilidad de Miranda fue una desicion que tomo el jefe de policía en base a sus facultades. El interrogante que surge entonces es porque el desacuerdo del procurador General, Castiella, quien no quiere el traslado del subcomisario. "En esta cuestión inter orgánica es la primera vez que un funcionario se opone a un pase de disponibilidad. Esto es una situación pendiente de aclarar todavía", dijo Vilte.

La afectación de Miranda nace de una convencionalidad entre el ministro de Seguridad y Justicia, el ministerio Público Fiscal y la Policía de Salta, "necesitamos diálogo, ponernos de acuerdo sobre determinadas situaciones a fines de que se aclare, esta cuestión administrativa que está en el medio. La potestad sobre Miranda tiene que llegar a aclararse. El es un efectivo de la policía. Del presupuesto de la policía se le paga el sueldo, tiene una designación. El está ocupando un cargo dentro del ministerio Público, pero independiente del cargo que el ocupe allí, su condición es de policía de la provincia. Hay que ver los convenios y cuestiones vigentes", añadió Vilte.

Asi el ministerio Público, dentro de los procesos penales tiene facultades y el procurador de igual modo, según lo dicta la Constitución y las reglamentación del ministerio Público Fiscal pero el convenio de afectación de personal de la polica se hace dentro de un marco de convencionalidad y colaboración, por otro lado, las disposiciones legales, que determina la ley las toma El jefe de Policía, en este caso Miguel Ceballos.

"Para evitar que la situación continúe necesitamos un diálogo entre los organismos involucrados, y llegar a consensuar la decisión que se tenga que tomar a los fines que la convencionalidad", finalizó Vilte.