Hace varias sesiones, ediles del municipio capitalino solicitan respuestas al ejecutivo municipal sobre el convenio con Cecaitra (Cámara de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), que aplicará fotomultas en la Ciudad de Salta. Durante la sesión de la jornada, el concejal del bloque Juntos por el Cambio, José Gauffín, manifestó que que transcurrieron 70 días desde que se firmó el convenio y que se publicó en el Boletín Oficial a través del decreto 248, e inmediatamente inició “una situación de irregularidad en el manejo administrativo”, destacando la ausencia del Adjunto en la publicación, el hecho de que el convenio haya sido girado al Concejo Deliberante 10 días después de su firma habiendo sido solamente remitida la nota y el decreto. En la sesión, Darío Madile anunció que día miércoles se presentarán funcionarios municipales para el tratamiento del tema y al respecto, Gauffín manifestó: “Van a ser 77 días hasta el momento en que este cuerpo de concejales va a poder tener contacto con los funcionarios para desglosar y tener en detalles el convenio y el procedimiento administrativo por el cual  se desembocó en la firma del convenio y cuales han sido las evaluaciones previas”. El edil solicitó que en la reunión con los representantes municipales, se presente el relevamiento inicial que el convenio estipulaba.

“Realmente creo que aquí está demostrado lo que nos demanda la sociedad, como Concejo Deliberante no podemos permitir que pasen 77 días para poder tener la visita de los funcionarios, para interiorizarnos sobre lo que dice el convenio, si es un convenio de colaboración, si es una contratación encubierta, si tiene que ser aprobado por el Concejo Deliberante”, reclamó Gauffín y aunque advirtió que “ya está a punto de ser implementado”. “Es grave que tengamos un procedimiento administrativo amañado, es grave que no sea transparente”, denunció el edil.

Por su parte, Romina Arroyo leyó una nota del Tribunal de Cuentas, en la que se establece que, según el convenio, todas las cobranzas originadas por las infracciones generadas , serán directamente distribuidas y transferidas en la siguiente proporción: 55% a la Municipalidad y 45% a Cecaitra”. La concejal ironizó: “después me dicen que no es recaudatorio”. Además, destacó que según el Tribunal de Cuentas, debe darse intervención al Concejo Deliberante y adelantó que, de no tratarse en el recinto el polémico convenio, presentará un proyecto para declarar la inconstitucionalidad del mismo, exigiendo que se retiren las cámaras que ya se están instalando en diversos puntos de la ciudad. “Es una burla que en medio de una crisis y situación por la que estamos viviendo encima el municipio quiera recaudar y hacer negocio con una empresa que desconocemos”, fustigó.

Por su parte, Laura García, afirmó que “la Municipalidad de Salta no es una empresa familiar de los Romero que está dirigida por un gerente general”. La edil criticó que se trata de un convenio “trucho, dibujado, porque es un contrato y lo que quieren hacer es recaudar recaudar, recaudar”. Pidió que se deje de meter “las manos en los bolsillos” y sentenció “no es la hora de los barrios, es la hora de recaudar”. También manifestó que si no se aprueba por el cuerpo deliberativo, solicitará que sea revisado por la Auditoría.