El miércoles que viene los concejales mantendrán una reunión con funcionarios municipales al respecto. Ediles expresaron que se trata de una "contratación encubierta" y adelantaron que se no tratarse en el recinto, declararán la inconstitucionalidad y la intervención de la Auditoría.
POLÍTICA 18 de agosto de 2021 El Expreso de Salta
Hace varias sesiones, ediles del municipio capitalino solicitan respuestas al ejecutivo municipal sobre el convenio con Cecaitra (Cámara de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), que aplicará fotomultas en la Ciudad de Salta. Durante la sesión de la jornada, el concejal del bloque Juntos por el Cambio, José Gauffín, manifestó que que transcurrieron 70 días desde que se firmó el convenio y que se publicó en el Boletín Oficial a través del decreto 248, e inmediatamente inició “una situación de irregularidad en el manejo administrativo”, destacando la ausencia del Adjunto en la publicación, el hecho de que el convenio haya sido girado al Concejo Deliberante 10 días después de su firma habiendo sido solamente remitida la nota y el decreto. En la sesión, Darío Madile anunció que día miércoles se presentarán funcionarios municipales para el tratamiento del tema y al respecto, Gauffín manifestó: “Van a ser 77 días hasta el momento en que este cuerpo de concejales va a poder tener contacto con los funcionarios para desglosar y tener en detalles el convenio y el procedimiento administrativo por el cual se desembocó en la firma del convenio y cuales han sido las evaluaciones previas”. El edil solicitó que en la reunión con los representantes municipales, se presente el relevamiento inicial que el convenio estipulaba.
“Realmente creo que aquí está demostrado lo que nos demanda la sociedad, como Concejo Deliberante no podemos permitir que pasen 77 días para poder tener la visita de los funcionarios, para interiorizarnos sobre lo que dice el convenio, si es un convenio de colaboración, si es una contratación encubierta, si tiene que ser aprobado por el Concejo Deliberante”, reclamó Gauffín y aunque advirtió que “ya está a punto de ser implementado”. “Es grave que tengamos un procedimiento administrativo amañado, es grave que no sea transparente”, denunció el edil.
Por su parte, Romina Arroyo leyó una nota del Tribunal de Cuentas, en la que se establece que, según el convenio, todas las cobranzas originadas por las infracciones generadas , serán directamente distribuidas y transferidas en la siguiente proporción: 55% a la Municipalidad y 45% a Cecaitra”. La concejal ironizó: “después me dicen que no es recaudatorio”. Además, destacó que según el Tribunal de Cuentas, debe darse intervención al Concejo Deliberante y adelantó que, de no tratarse en el recinto el polémico convenio, presentará un proyecto para declarar la inconstitucionalidad del mismo, exigiendo que se retiren las cámaras que ya se están instalando en diversos puntos de la ciudad. “Es una burla que en medio de una crisis y situación por la que estamos viviendo encima el municipio quiera recaudar y hacer negocio con una empresa que desconocemos”, fustigó.
Por su parte, Laura García, afirmó que “la Municipalidad de Salta no es una empresa familiar de los Romero que está dirigida por un gerente general”. La edil criticó que se trata de un convenio “trucho, dibujado, porque es un contrato y lo que quieren hacer es recaudar recaudar, recaudar”. Pidió que se deje de meter “las manos en los bolsillos” y sentenció “no es la hora de los barrios, es la hora de recaudar”. También manifestó que si no se aprueba por el cuerpo deliberativo, solicitará que sea revisado por la Auditoría.
El Gobernador de Salta expuso ante las autoridades de la Comisión Europea en Materia Primas Críticas en Bruselas, capital de la Unión Europea. Lo hizo como parte de la extensa agenda de trabajo que cumplió junto los mandatarios de Jujuy, Catamarca, San Juan y la Secretaria de Minería de Nación.
"Yo voy a defender a muerte a los salteños, se enoje quién se enoje", respondió el gobernador Gustavo Sáenz a la velada amenaza de la Casa Rosada sobre que si no se aprueba la Ley Ómnibus, "los gobernadores la van a pasar peor". Y especifico que si el gobierno nacional "suspende las transferencias, muchos salteños dejarán de comer como los chicos desnutridos en el norte, o los paciente oncológicos se quedarán sin sus remedios". El gobernador advirtió: "yo no sé hasta dónde aguanta la gente, en tiempos de clases, muchos la van a pasar mal".
*Si lo que va a regir es la ley de la selva, lo que sobrevendrá será un horizonte de mayor decadencia y desintegración. *"Frente a la condición urgente del hambre, no puede haber otra prioridad que una respuesta activa y una actitud de compasión elemental".
La reunión fue encabezada por el ministro Ricardo Villada, en donde juntos a otros ministros, brindó un informe a los diputados del estado de la provincia, y se anunció la presentación de un proyecto para declarar la emergencia del transporte, además se bosquejó un panorama en general teniendo en cuenta las últimas medidas del Gobierno Nacional.
Es tan autoritaria la construcción de poder político de Milei que la estrategia de avanzar con el DNU y luego con la mal llamada ley ómnibus solo tiene como objetivo poner en jaque a las instituciones de la república democrática para imponer sin gradualismo el liberalismo conservador que lleva 100 años de fracaso.
Un presidente que en menos de un mes intentó cambiar hasta las costumbres de los argentinos tan solo con un mamotreto de leyes y artículos, puede ser capaz de cualquier cosa. ¿Quién le asegura a los argentinos que Javier Milei no utilice las facultades delegadas para hacer con un decreto lo que no puede hacer por ley? Nadie. Tras la derrota ante los gobernadores que le costó la eliminación del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, el gobierno defiende el punto de los superpoderes para "conseguir dinero". ¿Los gobernadores le otorgarán semejante poder?
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado provincial por la Capital, dejó entrever que el ex gobernador en 2011 usó el FRH para la campaña para su hermano que era candidato a senador. Y que el segundo crédito “fue un préstamo político que se usó para la campaña de 2015. “Estamos pagando una deuda por obras que no se hicieron”, aseguró Romero.
El legislador provincial le contestó al ex mandatario que esta semana le pegó a los Romero en una entrevista en El Expreso. Dijo que con JMU cayó la obra pública del 23% a 3% y de ser envidiada por Jujuy y Tucumán, cuando se fue “nos habían pasado por arriba”. “Nunca le interesó Salta, lo usó como un trampolín para irse a Buenos Aires”, criticó.