Después de realizar un análisis pormenorizado de los diversos hechos denunciados por el empresario Matías Huergo y en contra del diputado nacional, Martín Grande, funcionarios nacionales y autoridades del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación, la fiscala Simesen de Bielke, se declaró incompetente para intervenir en las actuaciones. Lo hizo al encontrarse “ante hechos ocurridos en el marco de una causa que tramita por ante el Fuero de excepción y que todos y cada uno de los posibles involucrados forman parte de la estructura nacional”.  Por eso, las circunstancias impiden que la fiscala provincial, lleve a cabo una investigación a los fines de desentrañar la posible comisión de hechos ilícitos por parte de funcionarios nacionales, atento el marco en el que se suscitaron, de acuerdo al denunciante.

Es que la validez o invalidez de la investigación penal llevada a cabo por la AFIP, no resulta competencia del Ministerio Público Fiscal Provincial, como tampoco lo es, determinar si las resoluciones judiciales dictadas por las autoridades de la Justicia Federal de Salta, lo han sido mediante la comisión de hechos presuntamente ilícitos, pues ello es competencia exclusiva de las autoridades federales.

Con la cita de abundante jurisprudencia sobre la materia, en la que se destaca lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando dijo que “la distribución de las competencias judiciales entre las provincias o entre éstas y la Nación escapa a las regulaciones locales y no puede ser alterada por razones de mero orden y economía procesal que inspiran las reglas de acumulación por conexidad”, la Fiscala concluyó que la denuncia presentada por Matías Luis Huergo, debe ser investigada por la justicia federal.

La denuncia

En su denuncia, Huergo sostuvo que ha habido tareas de inteligencia, escuchas ilegales, detención ilegal, privación ilegítima de su libertad en condiciones indignas y degradantes, malos tratos, amenazas y extorsión, llevadas a cabo por funcionarios de AFIP y avaladas por funcionarios judiciales de la Justicia Federal de Salta y que habrían sido perpetradas por el diputado nacional, Martín Federico Grande Durand, como ideólogo, autor intelectual y material.

Es que según el denunciante, como consecuencia de la causa judicial: “IMPUTADO HUERGO, MATIAS LUIS (SECSA – ARCADIO) s/ INFRACCION LEY 24.769” (Expte N° 24746/17) en trámite por ante el Juzgado Federal N° 1, “habrían actuado en forma coordinada, los Sres. Jaime Mecikovsky – ex Director de Operaciones Impositivas del Interior de AFIP; Guillermo Andrés Oro – ex Director (I) de la Dirección Regional Salta de AFIP; Rodrigo Zambrano Echenique, ex Jefe (I) de la Sección Penal Tributario de la AFIP; José Félix Castellaro, ex Jefe (I) de la División Investigaciones de la Dirección Regional Salta AFIP y/o cualquier otro funcionario de AFIP que haya intervenido en el hecho que se denuncia”. Asimismo, sindicó como presuntos responsables “al Dr. Ricardo Toranzos – Fiscal Federal; Dr. Julio Leonardo Bavio – Juez Federal del Juzgado Federal N° 1, Dr. Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Dr. Santiago French, jueces de la Cámara Federal de Salta y al diputado nacional Martín Federico Grande Durand, todos ellos por llevar adelante un proceso ilegal de espionaje para inculpar a su persona de delitos y a profesionales del derecho, ciencias económicas, funcionarios y políticos de la Municipalidad de la ciudad de Salta y provincia de Salta entre los años 2017 a 2021”.

Dentro de las consideraciones generales, afirmó que existió “una expedición de pesca para encontrar algo para incriminarlo y perjudicar al entonces Intendente de la Municipalidad Gustavo Sáenz quien había anunciado su candidatura a Gobernador” y que “en forma permanente el Juzgado Federal, la Fiscalía y la AFIP filtraron información a la prensa con el objeto de dañar su figura de empresario y del entonces Intendente, actual gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz para perjudicar su candidatura a Gobernador”.

Las reuniones con el diputado nacional

Huergo afirmó que por su vinculación empresarial tenía una relación personal con el diputado Martín Grande y por esas razones, en febrero de 2019, lo visitó en su radio, oportunidad en la que le manifestó que no entendía lo que estaba sucediendo, ya que había sido objeto de allanamientos en su oficina y en su casa particular, en el marco de numerosos allanamientos a funcionarios públicos de la Municipalidad de la ciudad de Salta y en el propio municipio. Según la denuncia, Martín Grande le manifestó que tenía excelente relación con las autoridades nacionales de AFIP con los que estaba en contacto y visitaría en los días subsiguientes. A su regreso de Buenos Aires se produjo el encuentro en el mismo lugar y allí Martín Grande le manifestó haberse reunido con las máximas autoridades de AFIP y le recomendó que denunciara a los funcionarios públicos de la Municipalidad de Salta y al propio Intendente ya que él era el “salame del sándwich” y sería acusado de una serie de delitos que no precisó, diciéndole que si no hacía esto iría preso “porque el hilo se corta por lo más fino” y que no podría soportar las condiciones de detención.

En la misma denuncia, enfatizó que la causa judicial mencionada se inició en setiembre de 2017 con una denuncia en la cual AFIP requirió intervenciones telefónicas sin fundamento alguno y que tales escuchas se produjeron durante un año y que el sustento de dicha intervención, esto es, una denuncia anónima – fundamento de la medida – nunca fue acompañada al expediente por parte de AFIP.

Agregó que “si bien la causa fue iniciada por funcionarios de AFIP, el Fiscal Federal y el Juez Federal delegaron la investigación en la División Investigaciones de AFIP, existiendo por parte de estos funcionarios de AFIP un exceso al investigar supuestos delitos de fraude a la administración pública provincial y municipal, negociaciones incompatibles con la función pública, porque su competencia se limita a las disposiciones de la Ley N 11.683 y Dec. N° 618/91”.

Según el entender del denunciante, “esto evidencia que se buscó una causa política para que el actual gobernador Gustavo Sáenz se viera perjudicado en su candidatura y ello sólo podía cumplirse si el denunciante se acogía a la figura del arrepentido, como se lo requirió el diputado Martín Grande”.

La figura del arrepentido

En relación a ese pedido, de acogerse a la figura del arrepentido, afirmó que el 16 de mayo de 2019, mientras se encontraba privado de libertad en la sede de la Policía Federal se hizo presente, pese a la restricción de visitas, el diputado Martín Grande. Dijo que tal visita “estuvo plagada de irregularidades, pues se llevó a cabo fuera del horario establecido y en un lugar distinto al que concurrían las visitas, pues se hizo en la oficina del Comisario. El celador le dijo que el Comisario quería verlo y lo condujo hasta su oficina y al arribar, lo recibió, cerró la puerta y en un sector parecido a un living, lo esperaba el diputado Martín Grande, quien tomó un paquete, y le dijo: “vení Matías, nos sentemos en el living, donde vamos a estar más cómodos, te traje medialunas”. Luego de ello le expresó: “Matías, te tenés que acoger a la figura del arrepentido y denunciar a Gustavo Sáenz y sus funcionarios. Es la única manera que tenés de zafar, vos no vas a aguantar estar detenido, vos no tenés idea de lo que te espera acá y después en la cárcel de Güemes. Vos no estás hecho para esto”, ante ello le respondió: “No te entiendo Martín, que es lo que querés que denuncie?”

Y allí Grande, según la denuncia de Huergo, le dijo que ya estaba todo arreglado con el fiscal federal Ricardo Toranzos y que su abogado Jorge Gálvez había redactado el escrito con las denuncias referidas para inculpar a Gustavo Sáenz y sus funcionarios, que si firmaba saldría libre esa misma noche, respondiéndole que no haría tal cosa, ya que no tenía nada que denunciar, ni delito del que arrepentiste porque no existía delito alguno. Ante ello Martín Grande volvió a insistir en lo mal que lo iba a pasar y el largo tiempo que iba a estar detenido, y luego se levantó, ante sus negativas y le dijo: “Yo que vos lo pensaría y lo conversaría con tu abogado” y se retiró.

Por último mencionó que todas las estrategias estuvieron pergeñadas por el diputado nacional Martín Grande, AFIP, la fiscalía y el juzgado, a fin de que se acogiera a la figura del arrepentido y para ello, lo tuvieron privado de libertad por 92 días.