La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, se declaró incompetente en las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia de un empresario contra un diputado nacional y las remitió al Ministerio Público Fiscal de la Nación. Lo hizo al considerar que “no caben dudas que en la presente causa, se hallan en juego intereses que podrían afectar en forma directa a la Nación”, afirmó la fiscala.
JUDICIALES 11 de marzo de 2021
Después de realizar un análisis pormenorizado de los diversos hechos denunciados por el empresario Matías Huergo y en contra del diputado nacional, Martín Grande, funcionarios nacionales y autoridades del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación, la fiscala Simesen de Bielke, se declaró incompetente para intervenir en las actuaciones. Lo hizo al encontrarse “ante hechos ocurridos en el marco de una causa que tramita por ante el Fuero de excepción y que todos y cada uno de los posibles involucrados forman parte de la estructura nacional”. Por eso, las circunstancias impiden que la fiscala provincial, lleve a cabo una investigación a los fines de desentrañar la posible comisión de hechos ilícitos por parte de funcionarios nacionales, atento el marco en el que se suscitaron, de acuerdo al denunciante.
Es que la validez o invalidez de la investigación penal llevada a cabo por la AFIP, no resulta competencia del Ministerio Público Fiscal Provincial, como tampoco lo es, determinar si las resoluciones judiciales dictadas por las autoridades de la Justicia Federal de Salta, lo han sido mediante la comisión de hechos presuntamente ilícitos, pues ello es competencia exclusiva de las autoridades federales.
Con la cita de abundante jurisprudencia sobre la materia, en la que se destaca lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando dijo que “la distribución de las competencias judiciales entre las provincias o entre éstas y la Nación escapa a las regulaciones locales y no puede ser alterada por razones de mero orden y economía procesal que inspiran las reglas de acumulación por conexidad”, la Fiscala concluyó que la denuncia presentada por Matías Luis Huergo, debe ser investigada por la justicia federal.
La denuncia
En su denuncia, Huergo sostuvo que ha habido tareas de inteligencia, escuchas ilegales, detención ilegal, privación ilegítima de su libertad en condiciones indignas y degradantes, malos tratos, amenazas y extorsión, llevadas a cabo por funcionarios de AFIP y avaladas por funcionarios judiciales de la Justicia Federal de Salta y que habrían sido perpetradas por el diputado nacional, Martín Federico Grande Durand, como ideólogo, autor intelectual y material.
Es que según el denunciante, como consecuencia de la causa judicial: “IMPUTADO HUERGO, MATIAS LUIS (SECSA – ARCADIO) s/ INFRACCION LEY 24.769” (Expte N° 24746/17) en trámite por ante el Juzgado Federal N° 1, “habrían actuado en forma coordinada, los Sres. Jaime Mecikovsky – ex Director de Operaciones Impositivas del Interior de AFIP; Guillermo Andrés Oro – ex Director (I) de la Dirección Regional Salta de AFIP; Rodrigo Zambrano Echenique, ex Jefe (I) de la Sección Penal Tributario de la AFIP; José Félix Castellaro, ex Jefe (I) de la División Investigaciones de la Dirección Regional Salta AFIP y/o cualquier otro funcionario de AFIP que haya intervenido en el hecho que se denuncia”. Asimismo, sindicó como presuntos responsables “al Dr. Ricardo Toranzos – Fiscal Federal; Dr. Julio Leonardo Bavio – Juez Federal del Juzgado Federal N° 1, Dr. Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Dr. Santiago French, jueces de la Cámara Federal de Salta y al diputado nacional Martín Federico Grande Durand, todos ellos por llevar adelante un proceso ilegal de espionaje para inculpar a su persona de delitos y a profesionales del derecho, ciencias económicas, funcionarios y políticos de la Municipalidad de la ciudad de Salta y provincia de Salta entre los años 2017 a 2021”.
Dentro de las consideraciones generales, afirmó que existió “una expedición de pesca para encontrar algo para incriminarlo y perjudicar al entonces Intendente de la Municipalidad Gustavo Sáenz quien había anunciado su candidatura a Gobernador” y que “en forma permanente el Juzgado Federal, la Fiscalía y la AFIP filtraron información a la prensa con el objeto de dañar su figura de empresario y del entonces Intendente, actual gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz para perjudicar su candidatura a Gobernador”.
Las reuniones con el diputado nacional
Huergo afirmó que por su vinculación empresarial tenía una relación personal con el diputado Martín Grande y por esas razones, en febrero de 2019, lo visitó en su radio, oportunidad en la que le manifestó que no entendía lo que estaba sucediendo, ya que había sido objeto de allanamientos en su oficina y en su casa particular, en el marco de numerosos allanamientos a funcionarios públicos de la Municipalidad de la ciudad de Salta y en el propio municipio. Según la denuncia, Martín Grande le manifestó que tenía excelente relación con las autoridades nacionales de AFIP con los que estaba en contacto y visitaría en los días subsiguientes. A su regreso de Buenos Aires se produjo el encuentro en el mismo lugar y allí Martín Grande le manifestó haberse reunido con las máximas autoridades de AFIP y le recomendó que denunciara a los funcionarios públicos de la Municipalidad de Salta y al propio Intendente ya que él era el “salame del sándwich” y sería acusado de una serie de delitos que no precisó, diciéndole que si no hacía esto iría preso “porque el hilo se corta por lo más fino” y que no podría soportar las condiciones de detención.
En la misma denuncia, enfatizó que la causa judicial mencionada se inició en setiembre de 2017 con una denuncia en la cual AFIP requirió intervenciones telefónicas sin fundamento alguno y que tales escuchas se produjeron durante un año y que el sustento de dicha intervención, esto es, una denuncia anónima – fundamento de la medida – nunca fue acompañada al expediente por parte de AFIP.
Agregó que “si bien la causa fue iniciada por funcionarios de AFIP, el Fiscal Federal y el Juez Federal delegaron la investigación en la División Investigaciones de AFIP, existiendo por parte de estos funcionarios de AFIP un exceso al investigar supuestos delitos de fraude a la administración pública provincial y municipal, negociaciones incompatibles con la función pública, porque su competencia se limita a las disposiciones de la Ley N 11.683 y Dec. N° 618/91”.
Según el entender del denunciante, “esto evidencia que se buscó una causa política para que el actual gobernador Gustavo Sáenz se viera perjudicado en su candidatura y ello sólo podía cumplirse si el denunciante se acogía a la figura del arrepentido, como se lo requirió el diputado Martín Grande”.
La figura del arrepentido
En relación a ese pedido, de acogerse a la figura del arrepentido, afirmó que el 16 de mayo de 2019, mientras se encontraba privado de libertad en la sede de la Policía Federal se hizo presente, pese a la restricción de visitas, el diputado Martín Grande. Dijo que tal visita “estuvo plagada de irregularidades, pues se llevó a cabo fuera del horario establecido y en un lugar distinto al que concurrían las visitas, pues se hizo en la oficina del Comisario. El celador le dijo que el Comisario quería verlo y lo condujo hasta su oficina y al arribar, lo recibió, cerró la puerta y en un sector parecido a un living, lo esperaba el diputado Martín Grande, quien tomó un paquete, y le dijo: “vení Matías, nos sentemos en el living, donde vamos a estar más cómodos, te traje medialunas”. Luego de ello le expresó: “Matías, te tenés que acoger a la figura del arrepentido y denunciar a Gustavo Sáenz y sus funcionarios. Es la única manera que tenés de zafar, vos no vas a aguantar estar detenido, vos no tenés idea de lo que te espera acá y después en la cárcel de Güemes. Vos no estás hecho para esto”, ante ello le respondió: “No te entiendo Martín, que es lo que querés que denuncie?”
Y allí Grande, según la denuncia de Huergo, le dijo que ya estaba todo arreglado con el fiscal federal Ricardo Toranzos y que su abogado Jorge Gálvez había redactado el escrito con las denuncias referidas para inculpar a Gustavo Sáenz y sus funcionarios, que si firmaba saldría libre esa misma noche, respondiéndole que no haría tal cosa, ya que no tenía nada que denunciar, ni delito del que arrepentiste porque no existía delito alguno. Ante ello Martín Grande volvió a insistir en lo mal que lo iba a pasar y el largo tiempo que iba a estar detenido, y luego se levantó, ante sus negativas y le dijo: “Yo que vos lo pensaría y lo conversaría con tu abogado” y se retiró.
Por último mencionó que todas las estrategias estuvieron pergeñadas por el diputado nacional Martín Grande, AFIP, la fiscalía y el juzgado, a fin de que se acogiera a la figura del arrepentido y para ello, lo tuvieron privado de libertad por 92 días.
Pasado el mediodía de este domingo, un llamado al Sistema 911 alertó sobre que en el domicilio de Avenida Belgrano al 1700 se encontró el cuerpo de una mujer sin vida. El denunciante era el juez Exequiel Molinati y la mujer sin vida, su esposa Paola Mercedes Vega. Por orden judicial, el escenario del caso quedó resguardado para la investigaciones del caso a cargo del CIF. Antecedentes.
Julieta Nahir Siles fue encontrada sin vida en una obra en construcción en un barrio casi deshabitado de la ciudad de General Güemes, el domingo por la tarde. El cuerpo -según el informe del CIF- no presentaba lesiones externas que evidencien signos de violencia y se intuye que el deceso se habría producido por una arritmia, insuficiencia cardiorrespiratoria o muerte súbita. Sin embargo, familiares y amigos de Yuliana realizarán esta noche una marcha para pedir "Justicia por Yuli.
Los abogados de la familia de Florencia Acosta, una de las víctimas fatales en el siniestro de avenida Paraguay el domingo pasado, expresaron que accedieron a las capturas de los videos, pero que, entre el lunes o martes, tendrán el acceso a los materiales fílmicos.
El sábado, cerca del mediodía se dio a conocer el hallazgo del vehículo de Luis Quesada, el remisero de la localidad de Pichanal que salió de su casa el martes pasado, y no se sabe dónde está. Y que ahora es buscado por su familia y también por la policía.
El hecho fue denunciado por la madre de un menor, al tomar conocimiento de que había sido citado por un exfuncionario de la municipalidad en un punto de encuentro en la zona del parque San Martín. Finalmente no declaró el acusado de grooming y fue imputado de forma provisional.
Tal como estaba previsto se realizó la noche del martes en la ciudad de General Güemes la marcha reclamando justicia en el caso que le costó la vida a Julieta Nahír Siles. Sorprendió la ausencia de principales autoridades del departamento, de concejales mujeres, y las denuncias de las oradoras de una campaña de difamación de la víctima, e incluso de amenazas anónimas. "Esta marcha no es contra nadie, sino para pedir justicia", aclaró una de las organizadoras. "Si es necesario salir todos los días para que se esclarezca lo que pasó, lo vamos a hacer", prometió otra.
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El Gobierno dio a conocer la lista de prepagas que fueron intimadas a retrotraer a diciembre los fuertes aumentos que aplicaron en sus planes de salud. ¿Cuáles son?
El acto de jura de la nueva Fiscal Penal Juvenil estuvo presidido por el Procurador General, con la participación de magistrados y funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial. Además asistieron familiares e invitados.
El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez atajó dos penales en la tanda definitoria y le dio la clasificación al Aston Villa a las semifinales de la Conference League con una victoria por 4 a 3 en la definición desde los 12 pasos ante el Lille después de perder por 2 a 1 en los 120 minutos reglamentarios en Francia.
La Vicepresidenta emitió un comunicado a través de sus redes sociales: “No voy a comportarme como una dictadora”. Con esta decisión, a partir de mayo, los legisladores pasarán a cobrar hasta $7,2 millones en bruto, más del doble que ahora y volverán a actualizar sus salarios con las paritarias de los empleados legislativos.