Cabe recordar que desde hace 8 meses que las familias vienen dialogando con los funcionarios tanto de la Secretaria de Tierra y Bienes del estado como así también con los  mediadores de la Secretaria de Justicia.

En el día de ayer se realizó una reunión con  representantes de las familias asentadas con quienes se llegó a un entendimiento para liberar el predio ocupado. Se firmaron actas de compromiso que serán presentadas entre la Fiscalía Penal interviniente en la causa.

El  convenio fue firmado entre los delegados del asentamiento de Parque La Vega con los funcionarios de la Secretaria de Tierra y Bienes del estado y mediadores de la Secretaria de Justicia. Una de las estrategias fue trabajar con las familias  en un esquema de contención social, logrando que las mismas pudieran entrar en razón de que usurpando tierras no era la solución a sus problemas

De esta manera las personas comenzaron a levantar sus precarias viviendas con la promesa de que se pudiera ayudar a cada una de las familias, ya sea con materiales para la construcción, ayuda alimentaria, asesoramiento jurídico, la posibilidad de participar de sortero de viviendas, etc. 

La idea del gobierno es poder cubrir todas las necesidades de las personas que realmente lo precisen, sin un interés político de por medio y dando respuestas para mejorar la situación de cada familia.

Sin lugar a dudas la pandemia atrajo muchos problemas para el gobierno, entre ellos una situación que viven muchas familias vulnerables y es la falta de vivienda. Esto llevo a que muchas personas decidan tomar  terrenos y usurparlos buscando una respuesta por parte del gobierno provincial. Fueron casi ocho  largos meses de protesta, reclamos y negociaciones hasta que se pudo concretar un acuerdo que podría beneficiar a más de 300 familias salteñas. 

Cabe recordar que durante el periodo de asentamiento, la Universidad Nacional de Salta junto a la  cátedra Seminario de Antropología Urbana de la Facultad de Humanidades realizó un estudio, el cual mostró un panorama complicado de un sector de la población desamparado y en una situación vulnerable, al límite de la subsistencia. 

Dicho informe preliminar puntualiza que del total de 1.207 personas censadas en el asentamiento, 559 fueron mujeres e incluyeron a 537 niños. Los trabajadores relevados solo pueden acceder a empleos eventuales y en negro (66% de la población adulta). El 21% de los encuestados buscó trabajo y no lo consiguió. La mitad de las familias apenas reúne $16.000 o menos por mes, lo que las ubica por debajo de la línea de indigencia.

 A través de este informe también se busca conocer la realidad de las familias más vulnerables y buscar soluciones para ponerle fin a los asentamientos en la provincia.