"Hacinamiento y violencia de género", principales causas que motivaron el asentamiento en Parque La Vega

Los vecinos del asentamiento de Parque La Vega emitieron un comunicado de prensa en el que informaron los datos del informe preliminar de un censo encomendado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, a la cátedra Seminario de Antropología Urbana.

Luego de 3 días consecutivos de relevamiento en el predio del asentamiento, por parte de los profesionales de la UNSa, “el equipo de investigadores constató la presencia de 346 unidades domésticas (familias), que reúnen un total de 1207 personas, de las cuales 559 son mujeres (el 55%) y 537 niños”, indica el informe.

Durante el relevamiento y por medio de las entrevistas realizadas con las familias asentadas, “el hacinamiento previo en casa de familiares, la falta de ingresos suficientes para pagar un alquiler y la violencia de género o relaciones conflictivas previas”, fueron las causas que impulsaron la ocupación del predio.

El informe describe con claridad las condiciones en las que subsisten desde hace más de 7 meses, las familias asentadas. "Carpas precarias de polietileno o en algunos casos, casillas de madera y plástico, en donde pueden encontrarse hasta  2 y 3 familias; sin provisión de agua potable ni energía eléctrica; utilizado letrinas improvisadas, muchas de las cuales están colmatadas; bajo condiciones ambientales que "no reúnen los requisitos mínimos de un espacio saludable"; en carpas/viviendas levantadas sobre un terreno irregular de tierra y ripio; y donde el servicio público de recolección de basura se niega a retirar los desperdicios”.

El documento también detalla que las personas que se encuentran allí asentadas pertenece a un espectro de trabajadores informales, con empleos eventuales y en negro (66% de la población adulta busca trabajo sin conseguirlo. Otro elemento que arrojó la investigación fue que, la mitad de las familias apenas reúne $16.000 o menos por mes, lo que ubica por debajo de la línea de indigencia.

En su comunicado de prensa, los vecinos del asentamiento indicaron, “todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, como dicen la declaración de DDHH y los pactos internacionales, sin importar dónde haya nacido. No obstante, los datos evidencian que la enorme mayoría de nosotros provenimos de la propia capital salteña, al contrario de las afirmaciones de quienes apelan a la xenofobia para desacreditarnos”.

La crisis habitacional es una realidad que el gobierno provincial no puede seguir ocultando. ¿Acaso la secretaria de DDHH, el observatorio de violencia contra la mujer, el Polo Integral de Mujeres, las decenas de fiscalías creadas al caso, las comisiones de mujer del Concejo Deliberante, de Diputados o el Senado, sabrán que el 55% de las personas en el asentamiento son mujeres y el otro 50% son niños?

¿Tendrán que leer el informe preliminar de la UNSa para enterarse? Después de 8 meses de asentamiento ningún funcionario provincial se hizo presente en el predio.