El proyecto surge a partir que Tahiel Contreras, un niño de seis años que había salido a comprar facturas con sus padres en Gregorio de Laferrere, fue atropellado mientras esperaban que el semáforo los habilitara a cruzar, muriendo en el lugar. El incidente se produjo en la ruta provincial 21, a la altura del kilómetro provocado por dos automovilistas que venían corriendo una picada, produciendo un choque en cadena al embestir a un vehículo que circulaba por el lugar y cuya conductora perdió el control, impactando contra la familia.

La iniciativa fue presentada días pasados en la Cámara de Diputados de la Nación por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, quien fue acompañado por el ministro de Transporte, Mario Meoni y el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano. Actualmente el proyecto se encuentra en la comisión de legislación penal, todavía no bajó a discutirse en el recinto y podría tratarse la próxima semana. Sin embargo, ya existe un proyecto similar denominado Ley de Homicidio Vial y Lesiones que se presentó hace un año pero todavía no se dio tratamiento alguno.

La Ley Tahiel determina que quien cause la muerte haciendo picadas ilegales, tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión. Asimismo, con los nuevos montos de las penas para el “Homicidio Vehicular” y las “Lesiones Vehiculares”, el delincuente vial quedará preso desde el momento cero de la investigación. Además, se fijará la pena de inhabilitación absoluta para volver a conducir. Cabe destacar que ya se había modificado el Código Penal en los artículos para homicidios culposos en siniestro vial, agravando el delito cuando el imprudente haya estado en estado de ebriedad, cuando conduzca en exceso de velocidad y si se diera a la fuga abandonando a la víctima. Sin embargo, nada se había dicho sobre aquellos casos donde estas personas actuaran con total desprecio por la vida ya que sabiendo (dolo) el daño que pueden causar, como el tema de las picadas, hicieran caso omiso.

Raúl Córdoba, referente de Estrellas Amarillas y padre de Marco, el niño de diez años que perdió la vida en un siniestro vial en 2007, analizó la iniciativa que se debatirá en la Cámara de Diputados y dijo que “se trata de un agravamiento de penas por prueba de velocidad ilegal con automotores e imposición de pena específica para casos de fallecimiento y es un avance más dentro de todo lo que tiene que ver con la ley penal relacionada con el homicidio culposo porque sigue vigente el artículo 84 pero el 84 bis ya preveía una condena de tres años a seis si tenía algunos agravantes, es decir la conducta de los homicidas del volante, ahora se le agregaría este párrafo que tiene que ver con las picadas de autos”.

Consultado sobre si en Salta se podría aplicar esta ley sin ningún tipo de problema, Córdoba expresó: “Una vez aprobado como ley nacional, se incorpora a todas las provincias. Se aplicaría en adelante en todos los delitos en hechos viales donde haya picadas”. Por otro lado, el actual concejal capitalino se refirió al análisis que realizó de la ley con el Procurador General y agregó que “como víctima de hechos viales, entiende que aun habiéndose modificado el artículo 84 bis con sus agravantes, el conjunto de los jueces que ven la sentencia, solo aplican tres años de pena lo que es condicional, es decir que tampoco hacen valer los agravantes. Si existe un homicidio culposo, aun con la legislación vigente, lleva su tiempo para llegar a juicio, eso debería cambiar porque si es más pronto, los abogados defensores también podrían pedir beneficios como reducción de la condena por buena conducta. En definitiva habría un equilibro entre los familiares víctimas y los imputados dado que se produciría un impacto en el sistema judicial para que no haya tardanzas”.

Finalmente, Córdoba dijo que no se trata de aplicar solamente penas más gravosas para los responsables sino que el problema que tenemos en el Poder Judicial, donde si hay penas efectivas en algunos casos, es que se valora mucho más los derechos de los imputados que de las propias víctimas. “Los jueces son los que aun teniendo la herramienta, no aplican más de tres años de prisión para que sea efectiva la pena y por eso reitero que estamos una balanza inclinada. Estas modificaciones vienen bien al sistema para que realmente aquellos asesinos tengan una condena efectiva pero los que impulsan esta cuestión son los fiscales, es por eso que hablé con el Procurador. Necesitamos que tengan las herramientas escritas en el Código Penal para convencer a los jueces porque conducir un vehículo automotor es básicamente tener una arma en la mano”, concluyó.