El avance del regreso de buena parte del país a la “nueva normalidad”, se desarrolla en paralelo con una polémica política entre los gobiernos de Salta y Jujuy también por el tema dela coronavirus y la estrecha relación entre las dos provincias.

La discusión se dio al conocerse el caso de COVID positivo que se detectó en el joven trabajador de San Ramón de la Nueva Orán, cuando el gobernador salteño responsabilizó del ingreso del trabajo sin controles a raíz del certificado del test realizado en el control jujeño de Pampa Blanca, indicando que no estaba contagiado de coronavirus, dato que le permitió romper el blindaje policial en las rutas que van a Orán.

La devolución vino desde San Salvador de Jujuy, una semana después cuando el gobernador Gerardo Morales remató con su razonamiento: “Nosotros tardamos un día, lo que a Salta le llevó cinco”, dijo el gobernador jujeño para explicar porque en Fraile Pintado el camionero contagiado no había llegado a transmitir el virus a otros. Morales contó cómo fue el trabajo del COE jujeño, la búsqueda de los contactos estrecho y la internación del nuevo paciente, que por estas horas se muestra estable aunque con respirador artificial.

En la noche del domingo 7 de junio, Sáenz anunció el paso de Salta a la fase de “distanciamiento social”, oportunidad que aprovechó para devolverle gentilezas a su par jujeño: dijo que era necesario contabilizar bien los casos, y llegó a la cuenta de 18, no 20 porque el matrimonio neuquino no tiene residencia en la provincia, achicó a 15 la primera cifra, al señalar que otros tres infectados son dos de Córdoba y uno de Buenos Aires. Y para explicar por qué Orán no ingresará a la nueva fase, se acordó de Jujuy: “Lo que le pasó al chico de Orán es que le dieron un certificado de la muerte, como digo yo, a ese certificado que decía que no tenía coronavirus”.