Dura advertencia a Sáenz sobre las facultades de la policía en la cuarentena

JUDICIALES 11 de abril de 2020 Por Daniel Torres
El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), advirtió al gobernador Gustavo Sáenz que el Decreto de Necesidad y Urgencia 255 y la resolución reglamentaria 162, violan cormas constitucionales y principios republicanos. "La policía no puede arrogarse la facultad de aplicar multas y arrestos", indican.

En relación, tanto al Decreto de Necesidad y Urgencia 255 del 31 de marzo del corriente año, como la Resolución reglamentaria 162 y el anexo de la misma, desde FOCIS consideran que "la idea de habilitar al Jefe de Policía como autoridad con capacidad para aplicar multas y arrestos, importa un claro retroceso institucional, más allá de la invocación a una situación creada por la negligencia del Estado provincial que lleva casi 20 años sin crear los Juzgados contravencionales".

"Consideramos que el Poder Ejecutivo Provincial no está habilitado para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia en materia penal ni correccional, con el agravante de que la auto instituida 'autoridad de aplicación' puede resolver por sí y ante sí 'convocar a otras fuerzas de seguridad' para que intervengan en la constatación de faltas (que, en realidad, son delitos)", puntualizan.

En otro tramo de la carta enviada al gobernador, los especialistas aclaran que "la indicación de que el ciudadano puede apelar la sanción del Jefe de Policía ante el Juez de Garantías, suena a vacía dada la lamentable parálisis por la que atraviesa el Poder Judicial de la Provincia", al tiempo que denuncian que "otorgar al Comité Operativo de Emergencia competencia para tipificar nuevas contravenciones es de una manifiesta ilegalidad, y constituye, además, un peligroso precedente en cuanto un órgano administrativo especial (de difuso encuadre jurídico) puede calificar como faltas o contravenciones nuevos hechos que, a su vez, serán juzgados por la Jefa de policía".

"Queremos manifestarle que las medidas han de tomarse sin quebrar el ordenamiento jurídico constitucional, y terminamos exhortándole a que derogue la norma y dialogue con los otros Poderes del Estado acerca de la aplicación del Código Penal y de la puesta en marcha de la Justicia Contravencional", concluyen.

Firman la carta, Santos Jacinto Dávalos. Sonia Margarita Escudero. Luis García Vidal. Alejandro Saravia. Virginia Diéguez. Osvaldo Camisar. María Luisa Bravo de Salim, Oscar Rocha Alfaro, Roberto Chá, Cynthia Molinari, Fernando de San Román, Ramiro Caro Figueroa. Irene Romero. Juan Pablo Lemir Saravia. Soledad Cerdeyro. José Armando Caro Figueroa.  

  

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