Se amplió la imputación contra Marcelo Durval García, actual senador por Anta, por la comisión de los delitos de fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los hechos endilgados al legislador ocurrieron cuando se desempeñaba como secretario de Hacienda de la Municipalidad de El Quebrachal.
SALTA 11 de septiembre de 2021 El Expreso de Salta
uego de ser convocado en dos oportunidades y tras ser citarlo bajo apercibimiento de ordenar su conducción por la fuerza pública y no comparecer, la fiscala García Pisacic imputó al actual legislador Marcelo Durval García. Según informó el Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a las actuaciones y la abundante prueba colectada, Leonardo Fabián García y Marcelo Durval García, en su carácter de funcionarios públicos, -ya que a la fecha de los hechos denunciados se desempeñaban como Intendente y Secretario de Hacienda de la Municipalidad de El Quebrachal-, la fiscala determinó que incumplieron en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal. Así, dispusieron en forma discrecional de los recursos municipales sin observar las normas y produjeron un grave perjuicio al erario municipal. La falta de cumplimiento a los regímenes normativos vigentes facilitó la discrecionalidad del manejo de tales fondos públicos.
Según la investigación Durval García, era quien libraba cheques sin contar con respaldo de documentación legal e impositiva que acreditara los gastos, maniobras contrarias a lo estipulado por la ley de contabilidad de la provincia. Tanto es así, que del análisis contable realizado surgió la utilización de dinero para solventar la campaña en época electoral: en la documentación interna que acompaña las facturas se pueden ver inscripciones tales como “Mateada Casa Lila Enrique”, “Sede”, “Elecciones Pasos 2019”, “Elecciones Pasos 2019 Tolloche” y “Sede Elecciones”.
Por otro lado, en 2019 Leonardo y Marcelo García contrataron de manera directa con una librería cuyo propietario era un empleado público que prestaba sus servicios en la propia municipalidad y quien resultó beneficiado con una partida presupuestaria por “Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza”, por un importe de $111.458,00 (pesos ciento once mil cuatrocientos cincuenta y ocho). Los comprobantes adjuntos suman $95.265 (pesos noventa y cinco mil doscientos sesenta y cinco), lo cual implica que se habría abonado una suma mayor a la de la documentación de respaldo. Es decir, faltan comprobantes por un monto de $16.193 (pesos dieciséis mil ciento noventa y tres), y al realizar la consulta en AFIP, no se puede obtener la validación, porque todos los comprobantes arrojan el mismo error. Además, se advirtieron irregularidades en Ayuda Social a Personas y en Servicios Jurídico.
Sobre el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, García Pisacic observó que todos los cheques detallados en las órdenes de pago analizadas, son de cobro diferido a partir del 10 de enero de 2020. Ello implicaba que la erogación efectiva de fondos afectaba el presupuesto 2020, cuando la gestión de Leonardo García iba a concluir en diciembre de 2019. Todos los chequees diferidos fueron firmados por el exsecretario de Hacienda y senador Marcelo Durval García.
Por último, durante la gestión de los imputados en la Municipalidad, habrían recibido fondos provinciales el 1 de febrero de 2019, para la realización de una obra de agua potable en Gaona, con un anticipo de $ 316.043,58; y el 15 de mayo de ese mismo año, para la obra de red de agua potable en barrio Evita, de El Quebrachal, con un presupuesto de $ 735.222,12. A pesar de existir los extractos bancarios en la causa, las obras no se realizaron ni se justificó el destino del dinero. Todo ello, aunque el Municipio fue intimado en tres oportunidades para iniciar las obras en cuestión. La ampliación de imputación realizada esta semana, corresponde a la imputación concretada el 11 de diciembre de 2020. La Fiscalía hizo expresa reserva de una eventual ampliación de las imputaciones.
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