Tartagal: polémica por un aborto

LOCALES 02/09/2021 Por El Expreso de Salta
Una médica fue denunciada por garantizar el acceso a la interrupción de un embarazo a una joven de 21 años. La familia presentó la denuncia e intervino el fiscal Gonzalo Ariel Vega. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir apoyó a la médica.
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Una joven de 21 años que se acercó al hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad de Tartagal, solicitó acceder a un procedimiento de interrupción Voluntaria de Embarazo. La mujer cursaba la semana número 22 y ahora, según informó el Ministerio Público Fiscal, la misma habría expresado su arrepentimiento. Su tía realizó una denuncia contra la profesional que la atendió.
Según se desprendió de la historia clínica, el procedimiento ocurrió el pasado 24 de agosto, cerca de las 15 hs. La Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo dispone en su artículo 4, que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir a acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional.
Fuera del plazo dispuesto, existen dos excepciones contempladas por el Código Penal: una, que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante. A prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguna de estas dos excepciones, sostienen desde la fiscalía. Por esto mismo, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la detención de la médica.
El mismo consideró que existen motivos suficientes para que la médica intente evadir los requerimientos del proceso, como así también influir en testigos que pudieran surgir de la investigación, según informó el Ministerio Público Fiscal.
APOYO PARA LA MÉDICA
La Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, repudió la persecución judicial a la médica. "La compañera ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE", argumentaron en un comunicado.
Además, repudiaron los dichos de la concejal Claudia Sulbelza, de Salvador Mazza, quien, además, es empleada de la Secretaría de Niñez y familia de Tartagal: "Su comunicación con la prensa está llena de falacias con el único objeto de amedrentar a les profesionales que garantizan derechos sexuales y (no) reproductivos y tergiversar el acceso a la información veraz y oportuna de la población en general para lo cual no se ha privado de exponer los datos personales de la joven que solicitó el acceso a una ILE. Repudiamos la exposición mediática a la que fue sometida la paciente por la concejala", sentenciaron desde la Red.
Por otra parte, afirmaron que el fiscal Vega encarna "la justicia patriarcal", y que es incongruente que una jueza detenga a una médica denunciada por profesionales y no por la paciente. También señalaron que el abogado patrocinante de los denunciantes es Andrés Rambert Ríos, es el mismo que defiende al médico Marcelo Cornejo quien "se encuentra imputado en una causa penal por abuso a una menor en ejercicio de su función como ginecólogo". Según denunció la Red, Cornejo continúa trabajando a pesar de la imputación en dicha causa y a pesar de que ese caso de abuso y otro más con el mismo modus operandi, se expusieron en una carta administrativa a las autoridades correspondientes.
Andrés Rambert Ríos, en medios públicos, declaró que "para solicitar ILE se le debe pedir autorización al juez de garantías", desconociendo las normas vigentes (Ley 27610 y fallo FAL), solicitando la detención de la médica en cuestión. "Ningún juez dio lugar a las presentaciones de los familiares ya que por ser un supuesto delito de instancia privada es la supuesta damnificada quien tendría que haber radicado la denuncia. Por lo tanto, el fiscal y el abogado defensor no hacen más que fogonear a la opinión pública en contra de un procedimiento respaldado por la ley", manifestaron Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

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