Rubén Quispe, referente de los damnificados, contó que hay un descontento muy grande con el sistema financiero de créditos que se aplica en planes de ahorro. "Nos reunimos con la jueza porque hay puntos que ajustar dentro de lo que denominamos el primer amparo otorgado. Hay un tecnicismo muy fuerte en la demanda y la Justicia está interesada en llegar a una solución para los más de siete mil perjudicados en Salta. Es una cuestión de tiempo, ahora atravesamos la feria judicial de juzgado en juzgado", indicó.
Según el representante de las víctimas, hay una garantía de cada ciudadano sobre la igualdad por lo que la jueza de Salta aceptó el congelamiento de las cuotas y ahora solicitan la reducción al mes histórico que es abril de 2018 por lo que se deberá esperar a la Cámara de Apelaciones. "Nosotros hacemos las presentaciones y tenemos muchas pruebas para avalar la problemática. Entendemos que la apelación tendrá una respuesta positiva al final del camino", agregó.
Quispe también dijo que estuvo trabajando a nivel nacional con la presentación de un proyecto de ley en el Senado. "Estoy trabajando en un acercamiento con el Ministerio de Producción y el Banco Central porque estos organismos tenían que llevar un control en su momento para que no se desate esta cuestión, de debió haber evitado en su momento", expresó.
Finalmente, el damnificado se refirió a una caución que le pide el sistema judicial y en donde ambas partes se van a ver garantizadas ante una solución negativa. "En el caso que pierdan ellos, pagarán las costas de la demanda, si es al revés, nosotros deberemos pagar las costas de la demanda. Esto no significa que la caución es el bien que te quitarán sino que es la garantía que se llevará adelante el trámite legal", concluyó.
