La provincia de Salta registró nueve víctimas fatales por violencia de género entre enero y fines de octubre, según revelaron los últimos informes del Observatorio Nacional MuMaLá y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Las estadísticas provinciales discriminan ocho femicidios directos y un femicidio vinculado de un niño o varón, arrojando una tasa de una víctima por cada 100.000 mujeres. Este indicador sitúa a la jurisdicción salteña por encima de la media nacional de 0,9, encendiendo nuevamente las alertas institucionales sobre la recurrencia y la severidad de los ataques misóginos en el territorio local.
El análisis pormenorizado de los episodios delictivos expone un patrón recurrente de vulnerabilidad intrafamiliar: casi el 80% de las agresiones fueron perpetradas por parejas o exparejas de las damnificadas, y la abrumadora mayoría de los hechos se consumó dentro del propio hogar, considerado históricamente el ámbito de mayor peligro para las personas en situación de riesgo. Asimismo, los métodos empleados comprendieron desde el uso de la fuerza física extrema hasta el ataque con armas blancas y de fuego, en un contexto donde numerosas causas judiciales quedaron extinguidas tras el suicidio posterior de los propios agresores.
El panorama se agrava al contrastarlo con el cuadro general de Argentina, donde las organizaciones contabilizan más de dos centenares de muertes violentas y centenares de tentativas frustradas en lo que va del calendario. Frente a esta escalada, organizaciones de la sociedad civil y colectivos feministas reclaman al Estado la urgente revisión de los dispositivos de medidas cautelares y perimetrales, advirtiendo que la inacción burocrática y las demoras procesales dejan desprotegidas a mujeres que ya habían formalizado denuncias previas ante la Justicia.
