La decisión de unificar el proceso la tomó este martes, por mayoría, la Sala I de la Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar, que votó en disidencia.
Los camaristas revirtieron la decisión de los jueces del TOF 5, José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, quienes el mes pasado dispusieron que el juicio por Los Sauces comenzara el 23 de octubre −es decir, este viernes− y que el debate por Hotesur lo hiciera recién en marzo del año que viene.
De esta manera, todo el proceso comenzará este viernes de manera presencial en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, y Cristina Kirchner, Máximo y el resto de los imputados deberán estar presentes.
La defensa de la expresidenta y su hijo, en manos de Carlos Beraldi, presentó esta semana un pedido para que ambos puedan seguir el caso de manera virtual, pedido que todavía debe ser resuelto por el Tribunal.
Fuentes judiciales sostuvieron que la unificación de los dos casos podría alterar las reglas del juicio que había diseñado previamente el Tribunal. Una de esas condiciones es la presencialidad. Esto preveía que los abogados de las partes debían estar presentes en la sala del juicio en todas las audiencias.
La unificación dispuesta hoy por la Casación elevaría la cantidad de personas en la sala y, según las mismas fuentes, podría ocasionar que se revise esa regla.
En el fallo de hoy, el juez Petrone habló de una “fundamentación sólo aparente” para separar el caso Hotesur y Los Sauces. “Verificada la conexidad entre ambos procesos y dispuesta su acumulación material tal como se recordó, el tribunal no ha logrado explicar de manera suficiente cuáles son las circunstancias que justificarían revisar aquella decisión y disponer, a esta altura, la sustanciación separada de los debates”, indicó Petrone.
Barroetaveña, por su parte, utilizó la expresión “fraccionamiento indebido”. Consideró que la división de los casos, “lejos de ser meramente ordenatoria, es precisamente la realización de dos juicios”.
Slokar, en tanto, sostuvo que el recurso era inadmisible porque el desdoblamiento constituía una “medida ordenatoria” del debate, propia de las facultades del tribunal oral.
En Hotesur, la acusación apunta contra las empresas de Báez que reservaban habitaciones en los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, que supuestamente no usaban. Por esa vía, los Kirchner recibieron más de $28 millones entre 2008 y 2015.
En Los Sauces se indaga la relación entre las compañías de Lázaro Báez y del Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, con alquileres de las propiedades de la familia Kirchner.
Para la fiscalía, ese dinero tenía un origen ilícito. En el caso de Báez, sería el fraude probado en la causa Vialidad: según la acusación, que se basa en un peritaje de 2021, en 21 ocasiones el empresario transfirió a los Kirchner fondos que, en el mismo día, había cobrado por obra pública.
En el caso de López, serían la retención de $8000 millones del impuesto a los combustibles líquidos a través de Oil Combustibles. Tanto él como De Sousa fueron absueltos en esa causa y la absolución está en revisión en la Corte Suprema.
