Un abogado de 56 años, con domicilio en la localidad bonaerense de Haedo y una condena previa por narcotráfico, fue detenido e imputado en la provincia de Salta tras ser vinculado al transporte de más de 32 kilos de cocaína. La investigación, dirigida por la Sede Fiscal Descentralizada Orán, derivó en la imposición de un mes de prisión preventiva mientras avanza la causa.
El caso se destapó el sábado 3 de octubre, cerca de las 15:30, a partir de la llamada de una vecina al servicio de emergencias 911 que alertó sobre un violento episodio con armas de fuego en la ciudad de Orán. Según el testimonio, varios hombres armados interceptaron a una persona a bordo de una camioneta de alta gama, la subieron a la fuerza a otro vehículo y huyeron por la Ruta Nacional 50.
Mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad, el centro de monitoreo estableció que los sospechosos se movilizaban en dos vehículos: una Volkswagen Amarok y una Toyota Prado.
El rastro condujo a los efectivos policiales hacia un camino alternativo en la Ruta Provincial 18, rumbo a Isla de Cañas. Allí hallaron la Amarok abandonada, con el motor en marcha, las puertas abiertas y dos bultos cargados con paquetes rectangulares de cocaína en el asiento trasero. Apenas tres minutos después, la Toyota Prado —conducida por el abogado imputado, identificado como D.G.G.— apareció en la escena proveniente de la misma zona fluvial.
Al requisar los rodados, los peritos confirmaron que los bultos contenían 32 kilos de cocaína, con bloques cortados longitudinalmente para achicar su espesor. Además, en la Toyota Prado se detectó una llamativa modificación: un corte en el piso realizado a la altura del tanque de combustible.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal federal Marcos Romero, acompañado por el auxiliar fiscal Luis Francisco Valencia, expuso los antecedentes del letrado. El acusado registra una condena a cuatro años y medio de prisión dictada en 2025 por un Tribunal Oral Federal de Neuquén en otra causa por transporte de estupefacientes, sentencia que aún no se encuentra firme. En aquel expediente, la Justicia constató que el abogado había visitado Orán pocos días antes del hecho, un patrón geográfico que se repite en esta nueva causa.
En su descargo ante la jueza federal de garantías de Tartagal, Ivana Hernández, el abogado intentó despegarse de la acusación. Aseguró que viajaba habitualmente a la zona de frontera para comprar teléfonos celulares y revenderlos, y atribuyó el episodio a un secuestro extorsivo.
Según su relato, cinco encapuchados lo habían interceptado y amenazado de muerte en el marco de un presunto ajuste de cuentas por un frustrado negocio inmobiliario de 70.000 dólares en Buenos Aires. Sin embargo, la fiscalía advirtió marcadas contradicciones en su coartada y consideró que se trató de un intento de desviar la investigación.
Pese a los planteos de la defensa —que solicitó un arresto domiciliario alegando su inocencia y la teoría del secuestro—, la magistrada dictó la prisión preventiva por un mes.
La resolución fue apelada por sus abogados, pero la Sala II de Revisión de la Cámara Federal, integrada por los jueces Mariana Catalano, Alejandro Castellanos y Ernesto Solá, confirmó la medida al ratificar la existencia de riesgos procesales y la necesidad de peritar los teléfonos celulares secuestrados para esclarecer por completo el entramado de la red narcocriminal.
