El deterioro del tejido socioeconómico argentino profundizó su huella en el mercado de trabajo formal. Un estudio elaborado por la Universidad Nacional de Rosario, basado en registros oficiales del INDEC, constató que el 45% de la masa trabajadora del país carece de registro legal y cobertura previsional, una escalada visible frente al 41,4% contabilizado hacia finales de 2023. Este avance desmedido de la economía informal encuentra su manifestación más crítica en el segmento independiente, donde casi siete de cada diez trabajadores cuentapropistas subsisten completamente desprovistos de derechos laborales.
La brecha territorial exhibe un dramatismo particular en las provincias del norte, donde la desprotección laboral alcanza guarismos históricos. En ciudades como Formosa, Tucumán y Santiago del Estero, cerca del 88% de los trabajadores autónomos desempeña sus tareas fuera de cualquier esquema formal, mientras que el promedio regional oscila entre el 44% y el 56%. Las asimetrías responden a una matriz económica fuertemente condicionada por la baja productividad, la escasez de empresas de gran escala y una estructura productiva incapaz de absorber la oferta de mano de obra en condiciones reglamentarias.
La fragilidad del ecosistema laboral impacta además de forma desigual según el rubro de actividad, encabezando las estadísticas el personal de casas particulares con más del 77% de informalidad, segui
do de cerca por la construcción, la gastronomía y el comercio. Este fenómeno coincide con una contracción sistemática del trabajo asalariado tradicional en favor del cuentapropismo de subsistencia, consolidando un proceso de precarización estructural que deja a millones de personas sin red de contención social ante los vaivenes macroeconómicos.
