La gira europea del Gobierno nacional no logró disipar las persistentes dudas sobre la solvencia financiera de la Argentina y terminó por desatar una reacción adversa en los centros financieros. Los títulos soberanos profundizaron su sendero bajista y empujaron el riesgo país hasta los 655 puntos básicos, estableciendo el registro más elevado en lo que va del año. Lejos de entusiasmar a los operadores, la presentación en París de un presunto escudo de liquidez por 75.000 millones de dólares encendió alarmas operativas entre los inversores, quienes rápidamente contrastaron la magnitud de esa cifra con la escasez de divisas de libre disponibilidad que custodia el Banco Central de cara a los exigentes compromisos de deuda.
La desarticulación del relato oficial radica en la composición técnica del mentado arsenal monetario promovido por la administración central. Los analistas del sector desestimaron el cálculo oficial al advertir que la mayor parte de esos recursos responde a instrumentos condicionales y no a fondos líquidos en caja: incluye tramos de swaps con China y Estados Unidos que demandarían complejas reaperturas bilaterales, metas de compras del Banco Central que vienen desacelerándose mes a mes y márgenes de intervención en los mercados a término. Este artificio contable terminó por revelar ante el mercado la verdadera dimensión del shock que el propio equipo económico teme enfrentar, en un contexto donde el Tesoro ya encontró severos límites para colocar deuda en moneda dura a nivel local.
El escepticismo también alcanzó a la promocionada corriente de desembolsos empresariales anunciada durante la misión oficial en Francia. Lejos de tratarse de flujos de capitales inéditos cautivados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, las operaciones difundidas corresponden a programas plurianuales de firmas con varias décadas de arraigo en el territorio nacional, como TotalEnergies o Pan American Energy, cuyos desembolsos estaban previstos y orientados al mantenimiento de yacimientos ya consolidados. La necesidad de sobredimensionar acuerdos preexistentes refleja la urgencia de contrarrestar el desplome en la formación bruta de capital fijo y la pronunciada caída de la inversión extranjera directa, realidades estructurales que la diplomacia económica no ha conseguido maquillar.
