Un cargamento de más de 65 kilogramos de cocaína de máxima pureza fue interceptado en la localidad salteña de Rosario de la Frontera, tras un procedimiento encabezado por efectivos de Gendarmería Nacional apostados en el puesto El Naranjo, sobre la ruta nacional 34. Las pesquisas iniciales permitieron constatar que los 62 paquetes rectangulares decomisados presentaban grabado en bajorrelieve el emblema de un delfín, sello característico vinculado a estructuras transnacionales del crimen organizado y utilizado habitualmente como aval de calidad y pertenencia de la sustancia ilícita.
La maniobra comenzó a desmoronarse durante la madrugada, cuando el conductor de una camioneta procedente de Jujuy evidenció un marcado nerviosismo y aportó versiones contradictorias sobre el itinerario de su viaje al ser interrogado por los uniformados. La sospecha inicial derivó en una inspección ocular minuciosa del rodado, la cual reveló anomalías de fábrica: una estructura metálica añadida de manera clandestina y adosada directamente al tanque de combustible. Ante la presunción fundada de un delito de índole federal, se requirió la intervención judicial para profundizar la requisa técnica sobre el vehículo.
El despliegue operativo contó con el trabajo determinante de una perra adiestrada de la fuerza de seguridad, cuyo marcaje positivo en el sector del depósito de carburante fue corroborado de inmediato mediante el uso de un escáner móvil de precisión. Al proceder a la apertura forzada del compartimento estanco, los agentes hallaron los ladrillos compactos de estupefacientes acondicionados para evitar su detección en tránsito, derivando en el secuestro preventivo del vehículo, de la carga ilegal y del teléfono celular del sospechoso para someterlos a pericias forenses.
Frente a la contundencia de las pruebas reunidas, el fiscal federal Ricardo Toranzos formalizó la imputación por transporte de estupefacientes contra el detenido, un herrero de 63 años domiciliado en la localidad bonaerense de José C. Paz. Durante la audiencia judicial, el juez de Garantías Julio Bavio ratificó la legalidad de la captura, autorizó el levantamiento del secreto bancario y financiero del acusado y ordenó su prisión preventiva por el término de 72 días en un establecimiento carcelario, desestimando la solicitud de arresto domiciliario formulada por la defensa por carecer de certificados médicos que acreditaran sus alegados padecimientos cardíacos.
