El incumplimiento de las obligaciones alimentarias no da tregua en la provincia de Salta. Según los últimos datos oficiales, el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos superó la barrera de las 2.080 personas inscriptas, tras sumar casi 400 nuevos casos desde el comienzo de 2026.
La preocupante escalada de la nómina contrasta de manera dramática con la tasa de regularización: el sistema apenas registra entre una y dos bajas mensuales, exponiendo un abismo entre quienes caen en la mora y quienes finalmente se ponen al día con sus familias.
La inclusión en esta lista negra no es un trámite automático ni una medida intempestiva. Constituye el último eslabón de un trayecto judicial que agota previamente diversas instancias de mediación, intimaciones y apercibimientos formales previstos por la legislación vigente.
Una vez formalizada la inscripción, la Justicia dispone de un abanico de medidas coercitivas para forzar el cumplimiento de la cuota:
Inmovilización de activos: Embargos preventivos sobre cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Restricción de movilidad: Prohibición formal para salir del país.
Sanciones sociales y deportivas: Mediante la integración de datos con el programa Tribuna Segura, se impide el acceso a espectáculos deportivos y estadios de fútbol a nivel nacional.
La marcada brecha entre las nuevas altas y las escasas bajas reaviva el debate en Salta sobre la efectividad de las herramientas actuales frente a una problemática que impacta directamente en los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
