La preocupación por el avance del narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional en el Norte Grande Argentino generó una nueva presentación institucional dirigida a las máximas autoridades de la Nación
El reclamo pone especial énfasis en la situación crítica que atraviesan localidades fronterizas como Aguas Blancas —en el límite con Bolivia—, Tartagal, Metán y Rosario de la Frontera, zonas expuestas por su geografía a bombardeos de estupefacientes y descensos ilegales
La presentación detalla tres solicitudes prioritarias para fortalecer la seguridad interior y la vigilancia aeroespacial en la región
Protocolo de Intercepción y Ley de Derribo: Evaluar la viabilidad legal y operativa de implementar normativas de protección del espacio aéreo que contemplen el uso de la fuerza armada como último recurso contra aeronaves declaradas hostiles, en apego a los compromisos internacionales
Ampliación del Plan de Radarización: Desplegar más radares tácticos móviles y de alerta temprana en los puntos críticos de la frontera para eliminar las "zonas ciegas" que aprovecha la aviación furtiva
Articulación de Fuerzas: Coordinar esquemas de despliegue inmediato en territorio entre fuerzas federales y provinciales para interceptar la carga y a los involucrados en cuanto se detecten los descensos o arrojos de droga
Junto a la nota formal, las autoridades adjuntaron una propuesta de proyecto de ley de derribo diseñada para fijar un protocolo claro, transparente y progresivo de interceptación aérea que resguarde la soberanía nacional
A través de un otrosí digo, la diputada Eliana Bruno respaldó los planteos del intendente Zigarán, apelando a la gestión de la cartera de Defensa para dar trámite a la iniciativa y dotar a las fuerzas armadas y de seguridad de herramientas normativas definitivas frente al contrabando e incursiones ilegales en Salta
