El fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, formalizó las acusaciones ante el juez federal de Garantías N° 2, Diego Anzorreguy, luego de una audiencia que se extendió durante siete horas. El magistrado otorgó un plazo de un año para continuar con la investigación y autorizó además la anotación de litis sobre los bienes de los acusados durante el mismo período.
Los imputados fueron acusados de integrar una organización que habría intervenido en distintas etapas del trámite: desde la captación de posibles beneficiarios hasta la confección y presentación de documentación falsa.
Entre los delitos atribuidos figuran asociación ilícita, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Este último cargo no fue aplicado a quienes no tenían funciones dentro de la administración pública.
La acusación surgió luego de 26 allanamientos realizados en dos etapas, en noviembre y junio, en domicilios particulares, consultorios, hospitales, clínicas privadas y dependencias municipales.
Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y documentación. Según la Fiscalía, el análisis de los dispositivos permitió encontrar mensajes que aportarían información sobre la participación de los investigados y sobre personas que habrían pagado para acceder a los trámites.
De acuerdo con la investigación, la organización habría utilizado certificados médicos falsos y estudios adulterados para acreditar enfermedades o porcentajes de incapacidad que permitieran acceder a las pensiones.
La Fiscalía sostiene que algunos de los aspirantes eran derivados desde hospitales públicos hacia consultorios y clínicas privadas vinculadas con los propios investigados. Allí se habrían confeccionado certificados que consignaban patologías inexistentes, entre ellas mal de Chagas, diabetes y problemas de columna.
Para acceder a una pensión no contributiva por discapacidad es necesario acreditar, entre otros requisitos, una afectación de la capacidad laboral del 66% o más.
Según la acusación, los trámites que deberían ser gratuitos eran cobrados a personas en situación de vulnerabilidad. La Fiscalía detectó casos en los que los solicitantes habrían pedido préstamos o vendido animales y otros bienes para reunir el dinero.
Los montos, según expuso Amad, podían superar los 300.000 pesos y llegar hasta un millón de pesos en determinados casos.
Entre los imputados se encuentran varios médicos, entre ellos José y Humberto B., Julio O., Luis V., César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana.
Orellana, además de médico, es actualmente diputado provincial por el departamento de Anta. También se desempeñó como intendente de Joaquín V. González entre 2007 y 2011.
Morales, Blanco y Muñoz Torres ocuparon en distintos momentos cargos de conducción en el hospital Enrique Romero de El Quebrachal y actualmente son propietarios de clínicas privadas, según la investigación.
También fue imputado Oscar Luna, exgerente del hospital de El Quebrachal, quien no es médico sino licenciado en Comunicaciones. La Fiscalía le atribuye haber tenido un papel central en la confección de certificados médicos oficiales.
La nómina incluye además al exjefe de la oficina de ANSES de El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar; al bioquímico Luciano Benjamín Esteban; empleados municipales de El Quebrachal y Joaquín V. González; y un comerciante identificado como Hugo M.
Según la acusación, Hugo M. utilizaba su local comercial, ubicado cerca del hospital de El Quebrachal, para captar personas interesadas en obtener las pensiones.
Además de realizar copias y falsificar documentación, habría cargado los trámites a través de Internet utilizando credenciales de acceso que, según la Fiscalía, le habría facilitado Salazar.
La investigación sostiene que Salazar habría sido una pieza importante para permitir que una persona ajena al organismo pudiera acceder al sistema y presentar documentación.
Por otra parte, el bioquímico Esteban habría intervenido en los estudios complementarios. Según la hipótesis fiscal, habría utilizado análisis correspondientes a pacientes que sí presentaban determinadas patologías para intercambiarlos con los datos de personas que buscaban acceder a las pensiones.
La Fiscalía también señaló a Estela Mary Romano como una de las personas encargadas de captar interesados y reunir documentación.
Según la acusación, Romano funcionaba como nexo entre aspirantes, médicos, dirigentes políticos y empleados de ANSES. También habría informado a los solicitantes cuánto debían pagar y cuáles eran los lugares a los que tenían que concurrir para completar el trámite.
El fiscal sostuvo que algunos dirigentes políticos ofrecían las pensiones en los distintos parajes y proporcionaban indicaciones sobre las clínicas, oficinas y personas a las que debían recurrir los interesados.
La causa se inició en julio de 2024, cuando la Fiscalía detectó posibles irregularidades en el otorgamiento de pensiones en Anta. Amad señaló que el mecanismo presentaba similitudes con una investigación desarrollada anteriormente en Taco Pozo, Chaco.
Aunque la investigación judicial se concentra en Anta, durante la audiencia el fiscal también presentó un informe de Gendarmería Nacional sobre la ciudad de Salta. Según ese relevamiento, unas 9.000 de las 39.715 pensiones no contributivas por discapacidad vigentes podrían no cumplir con los requisitos debido a documentación apócrifa o incompleta.
A partir de esos datos, Amad estimó que el posible perjuicio económico para el Estado rondaría los 3.240 millones de pesos mensuales, aunque se trata de una estimación vinculada a la investigación y no de una cifra judicialmente establecida.
La causa continuará ahora con un plazo de investigación de un año, mientras la Fiscalía profundiza el análisis de la documentación, los dispositivos electrónicos y las posibles responsabilidades de cada uno de los imputados.
