La auxiliar fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Eugenia López Ahanduni, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia multipropósito de prueba en la causa contra personal del Registro Civil y un permisionario del estacionamiento medido por fraude en perjuicio de la administración pública, concusión y asociación ilícita.
Durante la audiencia, el juez Marcelo Rubio admitió las pruebas presentadas por la Fiscalía y por la única defensa que realizó un ofrecimiento probatorio.
La causa se originó a partir de la denuncia de una funcionaria que detectó la comercialización no autorizada de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. Según la acusación, el permisionario captaba a interesados en la vía pública, cobraba por las gestiones y luego recurría a sus contactos dentro del Registro Civil para obtener la documentación.
Los empleados imputados habrían emitido las actas bajo la modalidad de “trámite oficial”, que permitía obtenerlas sin abonar el arancel correspondiente.
Luego, los documentos eran entregados al permisionario, quien los comercializaba por valores superiores a las tasas oficiales.
La Fiscalía sostiene que no se trataba de hechos aislados, sino de una organización con división de tareas y participación coordinada de personas que actuaban dentro y fuera del organismo.
Los acusados enfrentan cargos por fraude en perjuicio de la administración pública, concusión y asociación ilícita.
Durante la reciente audiencia multipropósito, el juez Marcelo Rubio admitió las pruebas ofrecidas por la Fiscalía y por una de las defensas, por lo que la causa quedó encaminada hacia la siguiente etapa procesal.
