El presidente Javier Milei apuntó contra la oposición en el Senado luego de que este jueves se cayera la sesión donde se iba a tratar el megaproyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El Ejecutivo no reunió los consensos necesarios y necesitó pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, en una dura derrota legislativa para la Casa Rosada.
En el marco de su disertación en la Bolsa de Comercio, que realizó una actividad por su aniversario, valoró la importancia de la defensa del derecho de propiedad como principal aliento para la inversión.
“Juega un rol fundamental el derecho de propiedad, y es por eso que no es redundante que estemos enviando al congreso una ley para declarar la inviolabilidad y el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad, porque respetar el derecho de propiedad es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente”, señaló el jefe de Estado.
“Además, resulta, como otras leyes, resulta interesante como principio de revelación, porque está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad, como postulamos nosotros en base al orden liberal, está claro que esos son los enemigos del progreso”, criticó.
“Véanlos hablar, véanlos actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina, esos son los que violentaron el derecho propiedad, esos son los que nos hundieron”, sentenció Milei.
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno reúne una serie de reformas destinadas a reforzar las garantías del derecho de propiedad. Entre sus principales cambios, modifica el régimen de expropiaciones para endurecer los requisitos que debe cumplir el Estado, agiliza los procesos de desalojo y facilita la recuperación de inmuebles por parte de sus dueños. Además, introduce cambios en las normas que regulan los contratos de alquiler con el objetivo de fortalecer la posición de los propietarios ante incumplimientos.
La iniciativa también deroga la Ley de Tierras Rurales, eliminando las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, y modifica la Ley de Barrios Populares al quitar la suspensión de desalojos y el régimen que permitía avanzar con la regularización de asentamientos registrados en el RENABAP. A su vez, elimina algunas limitaciones para cambiar el uso de tierras afectadas por incendios forestales, una medida que el Gobierno justifica como una defensa del derecho de propiedad, aunque genera cuestionamientos de organizaciones sociales y ambientalistas.
