El panorama judicial sumó una fuerte complicación para una de las figuras centrales del Poder Ejecutivo Nacional. Los diputados de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, radicaron una denuncia penal contra el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, apuntando a presuntas irregularidades e inconsistencias en sus declaraciones juradas de bienes de los períodos 2024 y 2025. La acusación formal solicita que los tribunales federales determinen si el vocero incurrió de forma voluntaria en el delito de falsedad ideológica, una figura tipificada en el Código Penal para quienes insertan datos apócrifos en documentos públicos.
La arremetida en tribunales se desencadenó a raíz de los propios dichos del funcionario en recientes intervenciones periodísticas, donde intentó justificar la rectificación tardía de sus informes ante la Oficina Anticorrupción aduciendo errores de interpretación y un escaso entendimiento de los alcances técnicos de la Ley de Ética Pública. Pese a estas explicaciones, la denuncia detalla el ocultamiento deliberado de activos preexistentes a su llegada al Estado, entre los cuales sobresalen carteras de criptomonedas, un cuantioso legado familiar de efectivo y, de manera primordial, la omisión de tres bienes raíces: una vivienda en el barrio privado Indio Cuá, un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una propiedad adicional en la capital bonaerense.
Para la parte denunciante, las modificaciones posteriores implementadas por el ministro no logran limpiar ni subsanar la potencial responsabilidad criminal nacida de las ocultaciones iniciales. Los legisladores recalcaron que Adorni sostuvo firmemente durante varios meses que sus números financieros estaban en perfecto orden, para luego desmentirse a sí mismo declarando patrimonios que no figuraban en las planillas oficiales de control. Sumado a esto, alertaron que el informe de gestión institucional que brindó ante la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril arrastraba idénticas contradicciones.
Finalmente, Frade y Ferraro aclararon con firmeza que este nuevo expediente corre por carriles independientes a una causa previa abierta por presunto enriquecimiento ilícito, enfocándose aquí exclusivamente en el falseamiento instrumental del patrimonio. Los parlamentarios opositores exigieron que la Justicia instruya con celeridad la investigación criminal y que, en caso de corroborarse las maniobras lesivas, se aplique el castigo correspondiente, contemplando la inhabilitación absoluta para el ejercicio de funciones estatales para el actual funcionario.
