La medida se fundamenta en el fracaso de las negociaciones entre el organismo y los médicos de cabecera, situación que deja en un estado de “indefensión” a más de 120.000 afiliados en la provincia, de los cuales 72.000 residen en Salta Capital.
Una "Atención de Ficción"
La Defensoría denunció que la imposición unilateral de una cápita dos mil cien pesos por paciente constituye un ejercicio abusivo de posición dominante que desfinancia la labor médica y sanitaria. “Esta medida torna la atención en una ficción administrativa; no se puede garantizar salud de calidad con estos valores”, señala el documento.
Vulneración de Derechos Humanos
El pronunciamiento califica la política de PAMI como una medida regresiva, violatoria de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Asimismo, la Defensoría repudió las expresiones de autoridades nacionales, entre ellas las del Ministro de Salud Mario Lugones, que califican a los adultos mayores como una “carga”.
“Los beneficiarios del PAMI no son una carga; son sujetos de derecho cuya dignidad es el eje central de nuestro ordenamiento jurídico. El Estado nacional no puede desentenderse de su responsabilidad y trasladarla al sistema público provincial, saturando los hospitales de Salta”, afirmó el Lic. Núñez Burgos.
Próximos pasos
La resolución establece un plazo perentorio para obtener respuestas. En caso de persistir el silencio o la dilación por parte del Estado Nacional, la Defensoría del Pueblo confirmó que procederá a la interposición de acciones judiciales colectivas para salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos salteños.
